Opinion | 18 Nov Aunque la actual administración de gobierno ha manifestado que ha hecho de la “transparencia” una de sus prioridades en cuanto al manejo de la cosa pública, la realidad se ha encargado de desmentir lo que se ha proclamado con evidente intento de “enganche” electoral, por cuanto en todos lados se cuecen habas y así surgen las notorias diferencias entre lo que se dice y lo que se hace.
Es cierto, la población que paga sus impuestos y ejerce el derecho al voto tiene siempre derecho a saber lo que ocurre dentro del Estado y en el propio ejercicio del gobierno, pero recurrentemente las sucesivas administraciones han dado más en la herradura que en el clavo en cuanto a ventilar lo que ocurre puertas adentro, y la Administración Vázquez no ha sido una excepción.
Claro, también debe tenerse presente que, como en las carreras de autos, el detalle radica en poder transmitir toda la potencia al piso, en este caso la voluntad política de mostrar que no hay nada que ocultar y que el ciudadano tiene derecho a saber hacia dónde van a parar sus impuestos, una cosa muy distintas que la burocracia encaramada en los organismos y dependencias del Estado esté dispuesta a cumplir con lo que se le requiere.
Así, en el marco de esta disposición a la transparencia tenemos que desde el 7 de noviembre está en vigencia un decreto que obliga a los organismos públicos a la divulgación de los cargos y remuneraciones de sus funcionarios en los sitios web, en tanto también debe estar disponible el presupuesto del organismo de que se trate, las compras y licitaciones realizadas, pero hasta ahora hay manifiesta reticencia a cumplir con la decisión presidencial.
Es que por regla general la burocracia estatal se considera a cubierto de toda sanción y obligación de rendir cuentas, en una postura histórica, que ha ocultado componendas y mal uso de los dineros públicos, así como de contratos a término, en muchos casos, que determinan que se abonen grandes sumas de dinero a técnicos que nunca se sabe bien a que responden ni que hacen de provecho para la sociedad que les paga.
Fundamentando los términos del decreto, el presidente Tabaré Vázquez exhortó a los titulares de los organismos a cumplir con las obligaciones de transparencia activa, establecidas en el artículo 5º de la ley de acceso a la información pública, indicando que efectúen una autoevaluación de sus páginas web, de acuerdo con los formularios y parámetros establecidos.
Las dependencias gubernamentales y estatales no tienen ningún apuro en exponerse a la consideración pública, aunque por supuesto, en caso de hacerlo, solo lo van a hacer parcialmente y evitando ventilar los trapitos al sol, que tiene que ver por ejemplo con la baja productividad, los beneficios, privilegios, demora en los trámites, gastos superfluos, horarios constreñidos en los que se “baja la cortina” a las necesidades de los ciudadanos hasta el siguiente horario administrativo, etc.
Hasta ahora el único organismo con detalle actualizado en la página web es el Ministerio de Desarrollo Social, y es de esperar que en los próximos días alguna otra dependencia se vaya “transparentando”, por lo menos para salvar las apariencias.
Y este es precisamente el punto: más allá de los intentos, genuinos o no, cumplidos o no por los subordinados, de revelar para el gran público donde y como se invierten los recursos, el Estado seguirá constituyendo una gran Caja de Pandora, que no rinde cuentas ante nadie, al que el ciudadano se ve obligado a financiar, tanto el trabajador como el pasivo como quienes afrontan emprendimientos de riesgo en el área privada, sin lograr un retorno razonable de estos recursos a la comunidad.
La transparencia es un aspecto que sigue en el debe y lo seguirá estando por mucho tiempo, pese a los enunciados, porque lo que surja al público siempre va a ser la punta del iceberg, en tanto todos sigamos esperando la reforma del Estado, incluyendo la “madre de todas las reformas” prometida en su momento por el presidente Tabaré Vázquez, y de la que hasta ahora nada se ha visto, pese a ser un aspecto vital para la viabilidad del país.