Opinion | 20 Nov La complejidad demográfica del Uruguay conlleva desafíos en una diversidad de órdenes, por cuanto tenemos por un lado que la conjunción de baja natalidad y mejora en la expectativa de vida determina un envejecimiento poblacional que no es solo una cuestión de edad ni de inserción de franjas etarias, sino que tiene que ver con la vida activa de la fuerza de trabajo, con la necesidad de una mayor inversión en políticas sociales para atención a los estratos de mayor edad, y a la vez afecta sensiblemente el esquema de prestación de pasividades.
Esta síntesis presenta solo parcialmente las connotaciones de esta problemática, que además de la fuerza laboral y el sector pasivo, también tiene que ver con la educación, la capacitación y la formación de profesionales, es decir el esquema de apuesta a la calidad que debería hacer la diferencia para un país pequeño como el nuestro. En lo que refiere al campo educativo, nos encontramos con que el director del Codicen, Héctor Florit, ha manifestado que habría como consecuencia de este proceso una caída en el número de estudiantes y que pese a la menor cantidad de alumnos, habría por contrapartida una mejora en calidad al poder invertirse más en la formación de cada niño y joven al distribuir los mismos recursos presupuestales en un menor número de destinatarios.
Esta reflexión presenta ángulos muy controvertidos, si partimos de la base de que nuestro país es el de menor crecimiento demográfico en América Latina, y se enfrenta a la perspectiva de que su pequeña población se reduzca aún más en los próximos años, porque hay menos nacimientos que fallecimientos. Un informe de los servicios de estadísticas del Consejo Directivo Central (Codicen), indica que en un quinquenio tendremos cuarenta mil escolares y liceales menos que en 2005, lo que paradójicamente da cuenta que al revés de lo que venía aconteciendo, las previsiones son de que se necesitarían gradualmente menos aulas que ahora para alojar la población estudiantil, es decir un panorama similar al que se da en las áreas rurales con las escuelas ya desde hace varios años, como consecuencia de la emigración desde nuestros campos.
La realidad es que por ningún lado hay motivos para alegrarse, ni siquiera por la supuesta mejora en la calidad que significaría un presupuesto invididual mayor que el que se vuelca actualmente a la enseñanza. Ocurre que nuestro esquema de mayor expectativa de vida se da en un contexto muy distinto al de los países desarrollados, donde también se registra este proceso de envejecimiento poblacional, con la diferencia de que ellos pueden afrontarlo con una economía muy distinta a la de Uruguay, y por lo tanto sin afectar la calidad de vida de los mayores.
No es el caso de nuestro país, donde en la actual relación de solo 1,5 activo por cada pasivo, nos encontramos con que el trabajador hace un significativo esfuerzo por sostener el sistema a través de sus aportes, para pagar jubilaciones magras, porque los recursos no dan para sostener el sistema, por lo que se requieren transferencias desde el gobierno central, que a su vez los obtiene de impuestos que pagamos todos los uruguayos.
Lamentablemente, la tendencia en el mediano plazo es que esta ecuación siga estrechándose, por cuanto la masa laboral no ha crecido significativamente, mientras quienes acceden a la pasividad representan un flujo constante por razones de edad, pese a que se han incorporado incentivos para que se extienda la vida activa de los aportantes.
El punto es que no se perciben soluciones por ningún lado para revertir o por lo menos atenuar este esquema degenerativo, que implica una bomba de tiempo en nuestro esquema, para el que ningún gobierno, sea del partido que sea, tiene la solución mágica ni nada que se le parezca.
En este, como en tantos otros temas, se requieren acuerdos que trasciendan un período de gobierno, para acordar sobre la base de diseñar e instrumentar políticas de mediano y largo plazo con alternativas para este preocupante panorama, al necesitarse medidas de fondo de índole estructural que hasta ahora no se han querido adoptar para no pagar costos políticos.
Y por supuesto, no existe verdad revelada ni un manual de instrucciones al respecto. Se requiere en cambio aguzar la imaginación y el sentido común, para que el gradual deterioro en la relación entre los recursos disponibles y los que se necesitan no siga agravándose, y se genere un diálogo con propuestas que puedan ayudar a resolver esta situación, provengan de donde provengan.