Opinion | 21 Nov Para no desmentir su perfil extremista y delirante, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reaccionó airadamente ante la compra de celulosa producida en Fray Bentos por una papelera de Buenos Aires, invocando el Código Aduanero que impide el ingreso de materiales que impliquen “peligro de contaminación”.
La información proveniente del vecino país da cuenta que la empresa que compra celulosa a la planta fraybentina es la Celulpaper, tratándose de una partida de 500 toneladas para industrializar, en tanto los activistas anunciaron que emprenderán acciones ante el gobierno de Cristina Kirchner para que impida el ingreso de productos de la planta al vecino país.
La papelera argentina basa su decisión empresarial en la necesidad de probar la calidad del producto elaborado en Fray Bentos por la empresa finlandesa, a efectos de la fabricación de papel higiénico y servilletas y, según manifestó el activista Gustavo Rivollier, la asamblea ha “reclamado a la Cancillería (argentina) y también a la presidenta Cristina Fernández, en sucesivas reuniones, que apliquen una cláusula del código aduanero que prohíba la entrada el país de mercancías que impliquen peligro de contaminación”.
Por supuesto, a esta altura es prácticamente un imposible pedir a los activistas un acto más o menos racional en relación con su óptica delirante sobre todo lo que concierne a Botnia, pero no por eso corresponde pasar por alto las barbaridades y retorsión que surgen de mentes febriles que se arrogan la representación de todo un pueblo y que no vacilan en descalificar y agraviar a quien piense distinto.
En este caso pretenden que se aplique un código que apunta a impedir el ingreso de sustancias contaminantes, asimilando la celulosa a un elemento peligroso, aunque solo en el caso de la que es fabricada por la empresa Botnia, lo que por supuesto no tiene nada que ver con ningún código aduanero.
Simplemente se pretende que se apele a una normativa que sería utilizada como excusa retorciéndola, para ser instrumento político de su “lucha”, lo que parece propio de una república bananera y no de un país en el que rija el estado de derecho, aunque a través del corte ilegal de un puente internacional hayan puesto a la Argentina a esa altura.