Locales | 24 Nov El tema de la independencia técnica de los magistrados, vale decir, de su facultad para emitir opinión, cuando deben asesorar, o cuando deben emitir decisiones, con contenido totalmente al margen o independientes del  criterio que puedan tener  quienes están ubicados en escalones jerárquicos por encima de los suyos, es, sin lugar a la más mínima duda, algo que en nuestro régimen institucional y jurídico está totalmente fuera de toda controversia. Dicho más precisamente: no es asunto o cuestión que genere alguna duda sobre su naturaleza y finalidad, y por tanto sobre la absoluta pertinencia de su real necesidad y de su  plena vigencia, en todos los órdenes;  por tanto, es  concepto que precisamente por lo que es y por lo que persigue,  está fuera de duda que corresponde que además de ser  plenamente respetado, debe ser eficazmente amparado.
Se formulan tales conceptos ante expresiones de un distinguido columnista de “Búsqueda” que en reciente comentario expresó, en su nota intitulada “Algunos temas que quedaron en el limbo”,  que “hay mucho ruido, mucha interferencia en el aire, sobre el significado de una propuesta que cada tanto surge y toma impulso: la de crear un Ministerio de Justicia por el que la supuesta independencia técnica de los fiscales  sería limitada, según temen algunos. Una vez más la duda respecto a una reformulación institucional, pese a tener la apariencia de una medida inocua, termina siendo una readaptación riesgosa de funcionamientos que no se ajustan  con precisión a lo que debería esperarse de una Constitución. La creación de dicho ministerio ha estado rondando, aunque no ha generado planteo ni objeciones fuertes en la campaña”.    
Es cierto que en cierto ámbito del Ministerio de Educación y Cultura hubo hace poco tiempo marcado disgusto ante la independencia del Ministerio Público y Fiscal, más concretamente del Fiscal de Corte, pero se entiende que  los cambios producidos en la titularidad de sus cargos superiores, y particularmente en la Subsecretaría, no fueron indiferentes al respecto. Y es también cierto que la eventual creación de un Ministerio de Justicia ha sido, durante el presente período gubernamental, objeto de algunos planteamientos, que ante la generalizada opinión adversa de especialistas y de muchos periodistas con amplio conocimiento del asunto determinaron que el tema no siguiera en el primer plano de la atención pública. Pero la eventualidad de tal creación, además de que sería reimplantar un órgano creado por el régimen de facto con indebido propósito, es cierto que podría  ser desfavorable para la marcha independiente de la Administración de Justicia, comprendidos el Poder Judicial y  el Ministerio Público y Fiscal, pero no porque tal reimplantación significara alterar las bases jurídicas existentes en los institutos y normas que regulan tales servicios y  que amparan como corresponde  la independencia técnica de los magistrados. Tales normas, por lo que significan, seguramente no serían alteradas en lo que sustancialmente importan.
El efecto adverso a la independencia de los magistrados resultaría, ínsito sin duda en la  intención de tal eventual reforma, emergería  de la circunstancia de que una cosa es que las funciones del Poder Ejecutivo relacionadas con la Administración de Justicia estén a cargo de quien ejerce la titularidad del Ministerio de Educación y  Cultura, como sucede actualmente, pues tiene otras  múltiples funciones que abarcan  variedad de ramas, y una muy diferente es que tales tareas  relacionadas con la Administración de Justicia sean las únicas a cargo del respectivo ministro, pues estaría sólo ocupado en lo relativo a tal Administración, y ello ciertamente  facilitaría su intromisión indebida en sus tareas y servicios, y generaría intentos orientados a incidir indebidamente en actividades amparadas por su total independencia funcional.
      Es leal que el autor de la presente columna exprese finalmente, al margen de disidencias en el plano político, que en su opinión no está entre las preocupaciones de la fuerza política que respalda al actual gobierno nacional, la de reformar las normas institucionales con el propósito de poner trabas, o limitaciones,  a la independencia de los magistrados que ejercen funciones en la Administración de Justicia y en el Ministerio Público y Fiscal, dicho ello sin perjuicio de reconocer que el colega cuya nota comenta ha hecho pública legítima preocupación.