Opinion | 28 Nov Lamentablemente, nuestro país tiene una larga historia de hijos y entenados que no son patrimonio de ningún gobierno en particular, sino que forma parte de la especial cultura que tienen nuestros gobernantes y la burocracia estatal, de la que se sirven muchas personas allegadas o que son parte del poder para obtener privilegios o por lo menos contar con la “mano” que permita acelerar procesos u obtener concesiones que están vedadas por lo general para el ciudadano común.
Por cierto que pese a lo que se pretenda alegar en cuanto a transparencia y cambios, los “padrinos” siguen existiendo en las esferas del Estado aunque a veces, a fuerza de repetir argumentos, algún incauto o desprevenido ciudadano pueda creer que las cosas se hacen de otro modo y que ahora hay igualdad de oportunidades para todos.
Nada más lejos de la realidad, porque ni siquiera los tan mentados concursos para acceder a puestos dentro del Estado se escapan del “dedazo” de carácter político, y tanto este gobierno como los anteriores hicieron de las suyas en cuanto a personal ingresado al Estado, y no solo en los cargos de particular confianza. Ocurre que como hemos sostenido en más de una oportunidad, una cosa es la apertura que se da en los llamados a concurso para que todo aquel que cumpla con los requisitos pueda anotarse, y otra muy distinta son los “filtros”, donde entran a tallar los acomodos, y quienes al fin de cuentas tienen a su cargo evaluar “merecimientos” y capacidades, optan siempre por el postulante que es su protegido o responde a sus afinidades partidarias.
Recientemente una ciudadana incluso simpatizante del partido de gobierno denunció que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se llamó a concurso para proveer cuatro cargos, los que fueron adjudicados a las cuatro personas de las que ella había dado con anterioridad los nombres a una radio capitalina.
Ello indica que se pretendió salvar las apariencias cuando ya estaba todo digitado, lo que por cierto es mucho peor, por tratarse de un doble engaño hacia el ciudadano que lógicamente confía en acceder a un puesto por sus propios merecimientos o siquiera por sorteo, cuando en realidad ya están todos ocupados de antemano por quienes pertencen al partido que está en el poder.Quiere decir que se trata de las mismas prácticas bajo envoltorios diferentes, como lo fue en su momento el sonado caso de Antel en que se le dio un puesto de particular confianza a un desconocido porque se invocó que respondía a un recomendado del prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, lo que le costó al cargo a los principales jerarcas del directorio del organismo.
Pero se trata por supuesto de una forma de actuar a la que no ha escapado ningún partido, aunque haya de por medio una inmediata reacción del Poder Ejecutivo haciendo rodar cabezas para salvar las apariencias. Es que la realidad indica que el poder corrompe, que hay situaciones que escapan al control hasta del más pintado y que además muchas veces la burocracia se encarga de hacer desaparecer responsabilidades o diluirlas, porque al fin de cuentas quien más quien menos apaña estas situaciones previendo que mañana podría tocarle a él.
Recientemente, a través del semanario Búsqueda se dio a conocer que al mismo Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República, le fue aprobado un préstamo de 130.000 dólares por el Banco Hipotecario, para comprar una casa en Punta Gorda, en el marco del convenio firmado entre la Junta Nacional de Drogas, la Agencia Nacional de Viviendas, el Hipotecario y el Banco de la República.
El jerarca, que preside la Junta, obtuvo de esta forma una línea de crédito ventajosa en un tiempo realmente muy acotado respecto a lo que suelen ser los trámites dentro del Estado y esta dependencia, invocando razones de seguridad para quien es titular de un cargo de estas características.
Pero, ¿qué deben pensar los miles y miles de policías, de muy menguados ingresos, que no tienen otra alternativa que acceder a humildes viviendas en barrios marginales, que son vecinos de delincuentes, que los amenazan de continuo junto a sus familias, que los apedrean o protagonizan asonadas frente a sus casas?
Para esos efectivos no llegan las soluciones habitacionales ni los créditos para viviendas que deberían recibir por similares razones de seguridad que sin embargo solo favorecen a jerarcas con otra capacidad de repago, pero no por ello más necesitados de seguridad, y justamente cuando padecen riesgo inminente para sus vidas o integridad física.
Es que por encima de las circunstancias, de los partidos y de los tiempos políticos, de quien esté ejerciendo el poder, siempre habrá hijos y entenados en un Estado que al fin de cuentas solo sirve a quienes están dentro de él.