Opinion | 26 Nov Los valores comparativos de la energía de nuestro país en el contexto regional no son por cierto favorables al Uruguay, donde la tarifa de electricidad y el precio de los combustibles indican que existe un fuerte componente de costos que se aplican sobre la población y sectores productivos y de servicios que conspiran no solo contra la economía familiar, sino también contra la producción de bienes y servicios, el desenvolvimiento empresarial y por ende en el esquema general de costos.
Es así que el gasoil, la nafta y el fuel oil que se venden en nuestro país tienen los precios más altos de la región, al igual que la tarifa residente de la energía eléctrica, mientras que la tarifa eléctrica industrial y el gas natural son los segundos más altos en esta zona.
De acuerdo con los índices de precios del mes de octubre elaborados por el Departamento de Eficiencia Energética de SEG Ingeniería, en comparación con los valores de Chile, Argentina y Brasil, el costo de la energía eléctrica residencial que pagan los uruguayos –medido en dólares por megavatio-hora-- es de 253, seguido por Brasil (246), Chile (205) y Argentina (25).
Uruguay es a la vez más caro en gasoil (1,38) que Brasil (1,14), Chile (0,78) y Argentina (0,67), y lo mismo ocurre en la nafta, que se vende dentro de nuestras fronteras a 1,43 el litro, en tanto en Brasil es de 1,38, en Chile 0,95 y en Argentina 0,82, en tanto en el caso del fuel oil la relación es de 0,71 dólares en nuestro país, en Brasil 0,63, en Argentina 0,64 y en Chile 0,53,
Por supuesto, el caso argentino no puede incorporarse a esta escala en forma descontextuada de un esquema particular del vecino país, donde se aplican enormes subsidios en una serie de áreas que distorsionan la economía, a tal punto que en realidad nadie sabe lo que debería valer cada producto si se sincerara la economía. La realidad indica que las consecuencias son que la producción trabaja con otros costos a efectos de competir en el mercado internacional, pero a la vez para poder sostener este esquema se detraen selectivamente recursos a los sectores reales de la economía mediante la aplicación de impuestos que significan una distorsión adicional y la necesidad de realimentación con más recursos.
En tanto, en los demás países de la región en mayor o menor medida se ha procurado dar otra transparencia al tramado económico, lo que no quiere decir que estén desprovistos de vicios y otros problemas estructurales que es preciso corregir. En Uruguay, pese a que tanto UTE como Ancap están en manos del Estado y por lo tanto son “de los uruguayos”, al ciudadano común no le llegan los beneficios que deberían surgir de ser “dueño” de las empresas, las que, como se sabe, solo favorecen a sus funcionarios y conllevan una ineficiencia propia del uso y abuso del monopolio y la gestión estatal.
En el caso de UTE, si bien se atribuyen en esta oportunidad los altos costos a la sequía, la realidad indica que en mayor o menor medida siempre hemos tenido el “privilegio” de sufrir los mayores costos de electricidad de la región, y un escenario similar se da con los combustibles.
Pero claro, debe tenerse presente además que los valores no pueden tomarse en forma aislada dentro de la economía, y que por ejemplo, la brecha es aún mayor si se tienen en cuenta los ingresos promedio de la población y que dentro de nuestro país hay una marcada diferencia entre Montevideo e Interior.
No es un secreto para nadie que el ingreso promedial tanto del núcleo familiar como de empresas en el Interior es de entre un 30 a un 40 por ciento menor que el que se da en Montevideo, lo que da la pauta de que quienes residen al norte del Santa Lucía tienen un sobrecosto respecto a la capital, y por ende estas tarifas son doblemente gravosas para familias y sectores productivos.
Y debemos tener en cuenta que además de los altos costos inherentes a la ineficiencia de las empresas estatales, debe agregarse la presión tributaria sobre el precio final, a efectos de obtener recursos para sostener al Estado y su funcionamiento, los despilfarros de los entes (como Alur y las plantas de cemento Portland), como así también para la instrumentación de políticas que se sostienen en el gasto público. Es decir que nada es porque sí, aunque se nos pretenda dorar la píldora y presentar el escenario irreal de que en sus variadas formas no hay costos para la sociedad por el aumento del gasto público, el que se paga de una forma o de otra, pero sobre todo en sobrecostos para el desarrollo y la sustentabilidad, que es lo mismo que hipotecar el futuro.