Nacionales | 27 Nov El abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro fue procesado con prisión por un delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y otro de asistencia al lavado. También fueron procesadas otras cuatro personas. La Justicia y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos proseguirá investigando la maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico iniciada en 2006.
Los procesamientos fueron dictados por el juez penal Federico Álvarez Petraglia, pedidos por el fiscal Diego Pérez, en el marco de la investigación por la Operación Campanita. Los otros cuatro procesados son el español José Luis Suárez --cabecilla en Uruguay de una organización de narcotraficantes desbaratada en la Operación Campanita en 2006 y actualmente en prisión en el Penal de Libertad--, un hermano de éste, el escribano Daniel D’Angelo, y otro narcotraficante también en prisión, que cayó en la Operación Cancerbero II hace un año.
Según explicó el juez, a Curbelo Tammaro se le imputa un asesoramiento que se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de Suárez en la negociación de un edificio de 12 pisos en Plaza Independencia. “Posteriormente se le imputa su participación personal y con dinero propio, una cifra cercana a los 180.000 dólares, en un emprendimiento de Suárez en otra torre, pero en la ciudad de Punta del Este”, afirmó.
Sin embargo, en el juzgado, el penalista Curbelo Tammaro negó los hechos y planteó que se está poniendo en juego el “libre ejercicio de la abogacía” porque escuchas telefónicas registraron su asesoramiento como profesional a Suárez.
El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, rebatió este argumento.
Explicó a radio “El Espectador” que la decisión judicial “nada tiene que ver” con el ejercicio de la profesión. Las escuchas telefónicas están permitidas por el artículo 5º de la Ley de control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo” (18.494). Gil Iribarne sostuvo que el procesamiento con prisión de Curbelo Tammaro es el segundo que se produce a un abogado por lavado de dinero y el quinto de un profesional.