Opinion | 30 Nov Ha sorprendido y no gratamente por cierto que el Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) haya propuesto a los jueces de menores revisar los expedientes de 52 internos para otorgarles la libertad anticipada, con el objetivo de descomprimir la Colonia Berro y otros hogares capitalinos.
El 26 de noviembre, precisamente, las autoridades del organismo se reunieron con los defensores de menores para exponerles el plan de reducción del número de internos, tras haber hecho lo mismo el día anterior con los jueces de menores, apuntando a que en los primeros días de diciembre comience la instrumentación del plan para “descomprimir” la población de los hogares.
En este momento, en los hogares del Sistema de Ejecución de Jóvenes en Infracción Semeji (ex Interj) se encuentran internados 312 menores, y la liberación de medio centenar se condicionaría a que hayan cometido delitos poco graves y la proximidad del fin de la pena.
La visión de las autoridades del INAU no parece estar a tono para nada con el desafío que se plantea con la minoridad infractora en nuestro país, y mucho menos con la realidad que se da en las dependencias de este organismo, donde las fugas son cosa de todos los días, y así tenemos que por ejemplo en Paysandú, donde no existen hogares para la contención de los infractores, los que son enviados a los hogares capitalinos suelen fugarse a las pocas horas y aparecen cometiendo de nuevo delitos en Paysandú, sin que siquiera se informe de su fuga a las autoridades locales, lo que da la pauta de la gravedad del problema y lo negativo de una medida de este tenor, pese a que se trate de fundamentar con otros elementos y argumentar que de esta forma se podrá contener mejor a los menores de alta peligrosidad.
No puede obviarse, empero, que liberar menores siempre significa incrementar la amenaza contra la seguridad pública en un país donde la minoridad infractora tiene en jaque a prácticamente toda la población, teniendo en cuenta la impunidad absoluta con que actúan, debido a la sobreprotección legal que se les otorga, en desmedro de la seguridad del ciudadano común y de las propias fuerzas policiales que deben reprimir el delito.
No es un secreto para nadie que la gran mayoría de los arrebatos, de los delitos contra la propiedad, incluyendo hurtos y agresiones de todo tipo, es protagonizada por menores que actúan aisladamente o integrando bandas que son lideradas por mayores, que se aprovechan de su impunidad para tenerlos permanentemente en “circulación” en las calles, desde que son la mayoría de las veces “entregados” a sus padres por los jueces, y también se responsabilizan por los robos, pese a que sean cometidos por mayores, porque saben que no recibirán condena.
Esta problemática tiene varias vertientes, empezando por el marco legal, que nos presenta un escenario irreal e idealizado, situado en setenta años atrás, cuando la sociedad ha cambiado en todos los aspectos. No puede obviarse que las leyes están desactualizadas, que no tienen el mínimo equilibrio que debería surgir entre contemplar a los infractores por su minoría de edad, pero también a la población que es víctima de las andanzas de antisociales que se inician a muy corta edad en la senda del delito. El punto es que se ha llegado a un alto grado de impunidad, incluso para los delitos de sangre, por cuanto los menores, cuando en el mejor de los casos son enviados a hogares del INAU, éstos no cumplen siquiera con el objetivo de la contención, ante las frecuentes fugas, y mucho menos con la reeducación del infractor, al punto que cuando terminan de cumplir la condena, los menores solo se han perfeccionado en la senda del delito, por la que continuarán también ya siendo mayores.
Este año se han registrado unas ochocientas fugas de los hogares del INAU, cuyas autoridades siguen todavía sin estar a la altura de las circunstancias, con serias consecuencias para la sociedad, y en lugar de situar el tema en sus reales términos, siguen pensando en liberaciones anticipadas, sin que se resuelvan debidamente las graves falencias en materia de rehabilitación y contención, de la misma forma que ocurre con los legisladores de la fuerza de gobierno, que han postergado la defensa de los derechos humanos de la población, para centrarlos exclusivamente en los de la minoridad infractora.