Opinion | 03 Dic Con miras a contar con apoyo sindical para llevar adelante la reforma del Estado, que en su momento fue anunciada y proclamada como “madre de todas las reformas”, según la catalogó en su momento el presidente Tabaré Vázquez, el presidente electo José Mujica convocó a la dirigencia del Pit Cnt –aliada incondicional y parte de la campaña que lo llevó a la primera magistratura—para acordar aspectos fundamentales de esta reforma, a la que el actual gobierno ni siquiera alcanzó a arañar la superficie.
La reunión fue evaluada como una “primera señal” de Mujica con vistas a instrumentar la transformación del aparato del Estado junto a los dirigentes sindicales, y según voceros de la reunión, la dirigencia sindical y el senador del MPP coincidieron en que el Estado debe potenciarse para ganar en eficiencia y eficacia, lo que no solo pasa por agilizar trámites en los organismos públicos, sino que es interés de la próxima administración capacitar e invertir para preparar al personal del Estado, como parte de un objetivo más ambicioso, hacer del funcionario un “servidor público”.
Además, el presidente electo propuso al Pit Cnt su participación en una comisión que se encargue de delinear los alcances de la reforma del Estado, y será uno de los equipos de trabajo que se conformarán en los próximos quince días en el marco de la transición de gobierno.
El punto es tan álgido como fundamental para el país, por cuanto el Estado debe ser dinamizador del tejido socioeconómico, propiciar la inversión, brindar servicios a los que no llega el sector privado, atender la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y la seguridad ciudadana, pero pesando lo menos posible sobre los sectores reales de la economía, desde que al no generar recursos, detrae dinero de los actores que crean riqueza para en teoría administrarlos lo mejor posible, prestando estos servicios y devolviendo a la sociedad de la mejor forma lo que obtiene por la vía de impuestos y cargas sociales.
Como todos sabemos, nuestro Estado dista de ser un modelo de eficiencia, y cobija una diversidad de situaciones que se han generado a lo largo de décadas, con privilegios y exceso de funcionarios en algunas dependencias, --además muy bien pagos--, y carencias de personal en otros sectores donde realmente se necesitan para prestar servicios básicos, como la seguridad a través de la Policía, donde los sueldos son magros y muchas las necesidades, además de los riesgos ante una delincuencia que se ha adueñado de las calles y está además atada de pies y manos ante la minoridad inimputable. Pero el ciudadano común legítimamente entiende que nuestro Estado es una máquina de tragar plata y que en realidad solo beneficia a quienes viven de él, incluyendo sus jerarcas, la gran burocracia y los funcionarios nucleados en gremios que solo defienden sus intereses, porque además ese es su fin.
Ello no quiere decir necesariamente que lo que defienden coincida con el interés general, sobre todo el de los actores que componen el tejido socioeconómico y que aportan para en teoría tener un mejor Estado, ser mejor atendidos, contar con servicios eficientes y obrar como facilitador de la inversión y el desarrollo, en lugar de trabar con trámites y exigencias la acción del actor privado.
Igualmente, el contacto de Mujica tiene su importancia, aunque por ahora esté acotado solo a los sindicatos, porque el Pit Cnt y sus sindicatos afiliados hasta ahora se habían opuesto a modificar el statu quo vigente en el Estado, incluyendo la eventual asociación con privados, así como la privatización parcial de empresas públicas y a menudo ni siquiera apoyan las concesiones que pudieran derivar en alguna posibilidad mínima de afectar algún puesto de funcionario del Estado, cosa ni remotamente posible en el actual esquema legal y de presión de las corporaciones.
Y pese a que públicamente los dirigentes han manifestado disposición para por lo menos tratar de acordar, la experiencia hasta ahora indica que no admitirán –mucho menos de un gobierno por el que trabajaron con denuedo para instalar—que se toque siquiera el aspecto productividad, el talón de Aquiles en el Estado, cuando se han opuesto sistemáticamente a todo intento de innovar, incluyendo en su momento la oposición del sindicato de Antel a que se instalaran las centrales digitales que hoy nos han posibilitado modernizar e incorporar las nuevas tecnologías a las telecomunicaciones. Por lo tanto, corresponde abrir un compás de espera para confirmar si el mandatario electo puede acordar algún elemento que pueda servir para dar un paso adelante en favor de la reforma, en aras del interés general y no exclusivamente de los sindicatos, aunque sea solo para empezar a vislumbrar la forma en que se pueden mejorar los grandes aspectos pendientes dentro del Estado, sin “pisar los callos” a una dirigencia sindical que todo indica va a anteponer los intereses gremiales a los de la ciudadanía, como ha hecho hasta ahora.