Opinion | 02 Dic Las inundaciones no son un fenómeno desconocido para Paysandú. De acuerdo a las estadísticas, al menos una vez cada diez años el río Uruguay supera los siete metros sobre el cero del puerto, con un registro máximo hasta el momento de 11,20 metros en abril de 1959. Precisamente aquella creciente histórica sirvió para determinar los espacios vulnerables a las aguas y así delimitar el área por debajo de la cual no se deberían construir viviendas o industrias, lo que por muchos años se denominó “cota 12”. En base a estos registros se crearon estrategias urbanísticas a largo plazo, donde la prioridad era sustituir áreas residenciales por espacios verdes y a la vez erradicar los asentamientos costeros formando nuevos barrios en zonas elevadas de la ciudad. Estos planes funcionaron tan bien que cada vez fueron menos los damnificados por las sucesivas crecientes, al tiempo que se crearon barrios como el “Purificación 3”, “Río Uruguay” o el “Jardines del Hipódromo” para brindarle un techo decoroso y seguro a las numerosas familias de escasos recursos que vivían en precarias viviendas en zonas inundables.
Con todo esto llama poderosamente la atención que en los últimos años se haya revertido esta tendencia, lo que se constata en la regularización del asentamiento “El Curupí”, actualmente anegado en buena parte, cuando aún ni siquiera se terminaron las obras planificadas, a un costo millonario en dólares. Tenemos entonces una doble injusticia, por cuanto sus habitantes siguen expuestos a los vaivenes del río, mientras por otra parte el ciudadano común hace un gran esfuerzo para pagar impuestos que se vuelcan en obras sociales mal planificadas, cuando por la mitad de lo que costó esta “regularización” se podrían haber construido casas completamente nuevas para cada familia del Curupí similares a las del barrio “Atlántida”, inaugurado hace apenas unos meses. En cambio en los últimos gobiernos nacionales y departamentales se prefirió mantener a los habitantes en el terreno que usurparon, ahora con infraestructura y propiedad legalizada, lo que nos asegura una situación de emergencia cada vez que el paterno se salga de madre.
El costo para Paysandú de esta sinrazón es incalculable: al gasto inicial en infraestructura debe sumársele la asistencia que se le brinda a los damnificados en situaciones como la actual. Pero también porque aún con todo lo que se ha hecho y lo que se vaya a hacer, este seguirá siendo un barrio problemático y marginal, al menos por muchos años, y estando ubicado a escasos metros de la costa, hipoteca las aspiraciones de desarrollo turístico de Sol y playa en nuestra ciudad.