Opinion | 29 Nov El pueblo uruguayo elegirá hoy entre dos opciones para conducir los destinos del país en el próximo quinquenio, en el libre ejercicio de la democracia representativa de gobierno, es decir delegando el poder en sus representantes, en este caso el Poder Ejecutivo, como lo hizo el 25 de octubre con los integrantes del Poder Legislativo y juntas electorales, por lo que los ciudadanos debemos celebrar y respetar el veredicto popular, más allá de preferencias individuales.
En este caso, por segunda vez en la historia electoral, se ha puesto en marcha la segunda vuelta o balotaje, en cumplimiento de la norma constitucional que establece que en caso de que ninguno de los candidatos obtenga el 50 por ciento más uno de los votos emitidos en la convocatoria a las urnas, se celebrará una segunda instancia entre las fórmulas más votadas el último domingo de noviembre, a efectos de definir por mayoría simple quienes encabezarán el Poder Ejecutivo que asumirá el 1º de marzo de 2010.
Cuando estamos a 24 años desde el retorno a la democracia, hay ya más de una generación de uruguayos que no vivió en carne propia los aciagos doce años del gobierno de facto y naturalmente hay muchos más que tampoco tuvieron protagonismo directo en los años previos a la dictadura, que es también parte de la historia reciente de nuestro país. Pero lo importante en esta instancia electoral es precisamente el hecho de que los uruguayos tenemos la posibilidad de emitir libremente nuestro voto y hacer valer este derecho inalienable para elegir a nuestros gobernantes, y entre todos contribuir a que también quien resulte electo entregue la banda presidencial en el próximo período a quien resulte ungido por el voto popular, dando continuidad al proceso democrático-republicano que tanto esfuerzo demandó recuperar.
Es decir, que aún con las dificultades por todos conocidas, tengamos la posibilidad de procesar las diferencias en un ámbito con plena vigencia del derecho y el libre juego de las instituciones, de la separación de los poderes del Estado como garantía suprema de salvaguardar derechos a todos los ciudadanos, por encima de su origen, credo y preferencias políticas.
El balotaje, utilizado desde hace muchos años en numerosos países, incluso de América Latina, pero particularmente en las democracias europeas, no significa la perfección para un régimen democrático, pero sí un paso adelante en cuanto a reflejar la voluntad del soberano, desde que el ciudadano está en condiciones no solo de optar por quien prefiere como presidente, sino también pronunciarse respecto a quien no querría para ocupar la primera magistratura. Este no es un aspecto menor, sobre todo ante las experiencias negativas que hemos sufrido en nuestro país cuando en más de una oportunidad ha accedido al poder un mandatario con no más del 20 por ciento de los votos del cuerpo electoral, en base a una norma que establecía el doble voto simultáneo y obtener la Presidencia quien obtuviera la mayoría de votos dentro del partido más votado, aunque ni siquiera se acercara al 50 por ciento.
Pero en el acierto o el error, cuando el pueblo se expresa solo queda acatar la voluntad del soberano y confiar en que más allá de la opinión de cada uno, se haya votado por la mejor opción para el país.
De eso precisamente se trata la democracia, de respetar y ser respetado, de asumir que una vez superada la instancia electoral, todos hemos elegido a nuestro presidente, cualquiera haya sido nuestro voto, y que en tanto tripulantes del mismo barco hemos confiado el rumbo a quien la mayoría de los uruguayos creyó era el mejor timonel para llegar a buen puerto.