Opinion | 04 Dic Es impensable que el nivel de deterioro que padece la enseñanza en todas sus áreas, el ingreso a la era del conocimiento “light” facilitado por el acceso instantáneo a información a través de Internet, sin que muchos estudiantes tomen como necesario incorporar a su memoria y análisis elementos que están al alcance de un click en la computadora, no se vaya a transmitir al producto final, es decir al egresado de los respectivos cursos de formación en cuanto a su capacidad para desempeñarse en las respectivas áreas, dentro de una vasta gama de posibilidades y con las excepciones que felizmente siempre se dan.
Directores del área de Secundaria, sobre todo, han señalado que históricamente las matemáticas han sido el talón de Aquiles de muchos estudiantes, que no solo tienen dificultades y pierden sucesivamente la materia en los cursos a los que concurren, sino que paralelamente es creciente el nivel de dificultad en el lenguaje materno, es decir el idioma español, donde se tiende a escribir y hablar en base a expresiones populares que nada tienen que ver con observar reglas gramaticales y mucho menos la ortografía, más allá de recogerse a menudo los dichos propios de cada región.
Esta realidad no puede disociarse de una degradación de valores que tiende al “todo vale”, sobre todo en determinados sectores de la sociedad, lo que a la vez se va permeando hacia otros estratos y tiende a generalizarse, como si fuera la cosa más natural del mundo.
Y un ejemplo claro de este descaecimiento lo tenemos en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde gradualmente, en cada legislación, se ha ido perdiendo idoneidad en los legisladores para la redacción y análisis del contenido de proyectos que luego deben plasmarse en ley, lo que ha dado lugar a que se aprobaran y reglamentaran normas que luego han resultado hasta impracticables, a veces por voluntaristas, pero sobre todo porque no han tenido en cuenta una diversidad de componentes de la realidad, lo que determina que mientras por un lado se pretende solucionar un aspecto, a la vez se crean nuevos problemas en otros. Ello ha llevado a que a menudo, al poco tiempo de su aprobación e incluso a veces antes de su instrumentación efectiva, se haya tenido que modificar leyes en procura de reparar las consecuencias negativas de lo que en su momento se sancionó con la mejor intención.
A esta regla de deterioro paulatino de la calidad e idoneidad del trabajo parlamentario, en sus aspectos técnicos, por lo menos, se agrega el ingreso de representantes de generaciones que no tienen la necesaria capacitación para comprender como debe estructurarse una ley, lo que resulta muy difícil de hacer si no se tiene un mínimo de formación en el área jurídica, por más que desde el punto de vista político se tenga un conocimiento más o menos aceptable de la problemática de que se trate.
Es decir que salvo temas puntuales en los que se requiera de antemano un profundo conocimiento técnico sobre el cuerpo normativo vigente, así como su interpretación, existen áreas que permiten y requieren incorporar una visión política predominante, sobre todo en el área social.
Pero asimismo existen tentaciones para ensayar “soluciones” desde el punto de vista social que pueden resultar a primera vista pertinentes, pero que al no tener en cuenta la gran diversidad de situaciones posibles, al final terminan haciendo más daño que los beneficios que se pretenden lograr. Resulta a la vez un atolladero dar marcha atrás cuando se generan situaciones creadas por un enfoque equivocado en primer lugar, y en segundo término, porque a la hora de plasmar en el texto la idea, no se cuenta con los conocimientos técnicos para delinear exactamente los alcances y sus consecuencias jurídicas.
El nuevo Parlamento que asumirá el 15 de febrero de 2010 presentará sin dudas este mismo escenario, y por lo tanto está vigente más que nunca la pertinencia de la propuesta formulada por el Colegio de Abogados del Uruguay, en el sentido de que el Parlamento incorpore un cuerpo de profesionales del sector que asesore a los legisladores en cuanto a la redacción de las leyes, de forma de traducir fielmente en las disposiciones legales la intención política del legislador, que hasta ahora precisamente ha sido el gran déficit de un Poder Legislativo que ha estado errático y omiso en aceptar sus limitaciones para cumplir cabalmente con estas funciones.