Paysandú, Miércoles 09 de Diciembre de 2009

Por una verdadera reforma educativa

Opinion | 07 Dic Debe evaluarse como positiva la disposición expresada por el gobierno electo a considerar con la oposición, que representa más o menos la mitad del país, eventuales acciones y estrategias en el campo educativo, según se desprende de conceptos formulados por el vicepresidente electo y ex ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, en un seminario sobre educación, en coincidencia con los festejos de los 50 años del Banco Interamericnao de Desarrollo (BID).
En este foro, tanto Astori como Enrique Iglesias, ex presidente del BID y actual secretario general iberoamericano, y el actual titular del BID Luis Alberto Moreno, coincidieron en que la mejora de la educación está relacionada con la superación de la pobreza, la falta de trabajo y la marginación.
Astori evaluó que la educación “debe ser parte de un proyecto nacional, estratégico y a largo plazo”, y a la vez destacó la necesidad de profundizar el Plan Ceibal y de seguir avanzando en la extensión de las escuelas de tiempo completo.
Consideró asimismo que también debe pensarse en una educación media “más cerca del mundo laboral” y añadió que también se requiere que el sistema terciario siga “descentralizándose” e “investigando”, manifestándose asimismo dispuesto a concretar acuerdos con toda la oposición para mejorar la calidad de la educación.
Estos enunciados de quienes tendrán a su cargo la conducción del país a partir del 1º de marzo de 2010, como señaló también en la misma dirección el propio José Mujica en oportunidad de una conferencia de prensa ofrecida en Paysandú días antes del balotaje respecto a la necesidad de “sacar” la Universidad hacia el Interior, van en línea con lo que ha predicado desde siempre EL TELEGRAFO, en el sentido de que la educación no puede ser tema ni patrimonio de un solo partido, porque se trata de un tema de interés nacional, en el que el gran destinatario es el ciudadano común, el que recibe los beneficios y a la vez financia la educación, y no solo de los docentes y funcionarios que actúan dentro de las respectivas áreas educativas.
Lamentablemente, la Administración Vázquez se equivocó cuando acometió per se la iniciativa de llevar adelante la reforma educativa, que pretendió ser participativa por consulta directa a la ciudadanía, y fue pésimamente instrumentada, desde que las asambleas que se convocaron estuvieron vacías de vecinos que deberían ser los directamente interesados, y en cambio fueron ámbitos copados por los gremios docentes y de funcionarios, así como por organizaciones sociales afines, los que lejos de evaluar en forma global las transformaciones que necesita la enseñanza, simplemente se dedicaron a debatir sobre formas de hacerse del poder en los ámbitos de dirección.
No puede extrañar entonces que el proyecto de reforma educativa que surgiera de estas asambleas haya dejado afuera al ciudadano y a los educandos, para considerar solo la parte relacionada con el poder gremial, salarios y consideraciones que han involucrado a quienes son actores y protagonistas fundamentales sí, pero no a los reales destinatarios de la ley, es decir las generaciones del mañana, a las que Uruguay apostará su futuro.
El Poder Ejecutivo finalmente adoptó solo determinados elementos de la propuesta de las asambleas, y la ley que fuera finalmente aprobada por la mayoría oficialista no incluyó ni por asomo medidas para modernizar la enseñanza, las que quedaron pendientes, y ello explica que la fórmula presidencial electa por lo menos esté considerando que debe avanzarse en una reforma real, con aportes y participación de todos los partidos.
Este planteo, por lo menos antes de asumir, supone una revisión de posturas y procedimientos que hasta ahora habían tenido carácter fundacional por el actual gobierno, y que se encontró con que la teoría y la realidad de la “participación” distaban un abismo, y que no solo deben ser tenidos en cuenta en esta materia la opinión y requerimientos de los gremios, por más respetables que sean.
Y para empezar, el gran acuerdo debe partir del diagnóstico de los graves problemas de nuestra educación en todos sus niveles, por encima de maniqueísmos ideológicos y posturas soberbias, porque en esta problemática nadie es dueño de la verdad, es demasiado importante como para improvisar, y porque sobre todo nos jugamos los destinos del país y sus posibilidades de inserción en el mundo moderno.


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