Opinion | 05 Dic La centralización en la salud, entre otras tantas áreas, va en desmedro de la calidad de vida de los residentes en el Interior, y este déficit es directamente proporcional a la lejanía con Montevideo, pero adquiere ribetes dramáticos cuando se trata del interior profundo, de los poblados, caseríos y establecimientos ubicados en alejadas áreas rurales.
Esta problemática no es nueva, sino que data desde siempre, al corresponder a un ordenamiento político, territorial y socioeconómico histórico del país, y la salud es parte de la regla que se manifiesta en todos los órdenes, en abierto perjuicio de más de la mitad de los habitantes del país.
En Montevideo y más aún, en el anillo metropolitano, los servicios y los centros de alta tecnología están al alcance de la mano, pero no ocurre lo mismo con quienes residen en Rivera, en Artigas, en Durazno, donde la lejanía es un elemento que conspira contra la posibilidad de recibir atención en tiempo y forma, lo que plantea por lo tanto desafíos para buscar alternativas y/o compensar este déficit.
Uno de los aspectos en los que debería ponerse énfasis para suplir las falencias a las que aludíamos es generar una red de detección precoz de factores de riesgo y de patologías, con marcado trabajo en la prevención en policlínicas rurales, giras de médicos, centros de salud y/o hospitales, lo que requiere una afectación adecuada de recursos humanos y materiales, pero también una planificación a tono con las exigencias del medio rural.
Y con el paso de los años y los meses queda al desnudo que la reforma nacional integrada de la salud ha intentado una serie de medidas al estilo montevideano, que se ha pretendido extender al Interior extrapolando acciones pensadas para el medio capitalino como si el país fuera uno solo, y por lo tanto no se ha incluido a la real problemática del Interior en la respuesta.
Y en una pretendida búsqueda de la igualdad, el resultado ha sido un descenso de la calidad del servicio en el sector privado, con los socios de las mutualistas pagando y aportando como si nada hubiera cambiado, cuando es evidente que la incorporación de nuevos usuarios del área estatal de la salud por efectos de la reforma ha significado una mayor demanda que no ha sido acompasada con la contrapartida de mejoras en la capacidad de atención.
Tampoco se aprecia que en el sector público el servicio haya mejorado como consecuencia de la descongestión que se pretendía, y por lo tanto pese a que este tema ha sido un buque insignia del gobierno, los resultados son discutibles, y por lo tanto cada uno los evalúa según como le ha ido en el nuevo esquema, porque como en todos los órdenes de la vida, hay luces y sombras y no hay nada absoluto sobre la Tierra.
Es que no siempre las intenciones son acompañadas por los hechos, y seguramente este gobierno, como los anteriores, ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, pero cuando la ideología y los voluntarismos priman sobre la ponderación y el sentido común, se dan los contrasentidos y las frustraciones. Y se suceden así los déficit en la provisión y redistribución de recursos, en objetivos claros, en planificación y estrategia para llevarlos a cabo, como en esta reforma.
El gran postergado en esta reforma es otra vez el Interior, donde las carencias subsisten pese al paso de las décadas, porque los institutos de medicina altamente especializada continúan concentrados en Montevideo y la manida regionalización no existe en los hechos, salvo la incorporación del centro neurológico en Tacuarembó, que en gran medida se ha logrado en desmedro de la infraestructura que ha quedado parcialmente desmantelada en Paysandú.
La regionalización es una respuesta válida para por lo menos mitigar la asimetría que perjudica a los habitantes del Interior en lo que refiere a la salud, y en el caso de los sanduceros, a la vez de haber perdido terreno en el área de la neurocirugía, en el actual gobierno el Ministerio de Salud Pública se llevó ya hace años el litotriptor a Montevideo con la promesa incumplida de devolverlo o instalar otro de última generación, tampoco se lo ha tenido en cuenta para instalar un Hospital de Ojos y menos aún para un centro de diálisis pediátrico, entre otros centros que deberían enmarcarse en esa descentralización y regionalización. También sigue “conversada”, por decir lo menos, la posibilidad de que se haga realidad el centro cardiovascular de alta tecnología que reclama Salto para el Norte del río Negro, para por lo menos demostrar que se trata de cambiar la pisada desde la capital. Pero la realidad indica que por más reformas que se anuncien, nada cambia cuando de defender los privilegios de Montevideo se trata, excepto que hora también se obstaculiza el avance del sistema mutual para favorecer a ASSE, como queda demostrado con las infinitas trabas que le imponen a Comepa en la incorporación de un resonador nuclear de última tecnología. Todo esto con la complicidad de muchos legisladores e intendentes oficialistas del Interior que siguen siendo más realistas que el rey, ante su silencio cómplice.