Opinion | 15 Dic Seguramente una de las prioridades que se ha impuesto el presidente electo José Mujica es tender puentes a efectos de lograr una recomposición de las relaciones con la Argentina, afectadas notoriamente a partir del diferendo planteado por los activistas de Gualeguaychú por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en la zona de Fray Bentos y con la perspectiva de que el próximo año se tenga el fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto al planteo del vecino país por este tema. Y con este objetivo el próximo mandatario aprovechó la presencia en Uruguay de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de la Cumbre del Mercosur, para encarar una primera aproximación al conflicto y evaluar las perspectivas de acercar puntos de vista y ponerle paños tibios a la situación generada por el corte del puente General San Martín por un grupo de vecinos de la ciudad entrerriana.
Claro, estamos ante una problemática muy particular, por cuanto las omisiones del gobierno de Buenos Aires en cuanto a hacer cumplir la ley e impedir que un pequeño grupo decida quien pasa y quien no por el puente, en una situación que se arrastra desde hace tres años, es el origen de una bola de nieve que no se paró a tiempo y es el gran escollo para la solución que se ha mostrado esquiva hasta el momento.
Es que a esta altura de los acontecimientos, el desafío es poder salir del atolladero sin que nadie se sienta derrotado o vulnerado, unos por sentir que tienen derechos adquiridos y otro, el gobierno, para no dar el brazo a torcer respecto a la situación que apañó y ayudó a fortalecer por su omisión y tratar a Uruguay como si fuera una provincia argentina más.
Pero hay aspectos que van mucho más allá y que no pueden soslayarse, que refieren fundamentalmente al imperio del derecho, y no puede admitirse que quienes están al margen de la ley y violan impunemente los derechos de los más, se salgan con la suya y fuercen una salida negociando desde una posición de fuerza como si les asistiera razón.
Mujica quiere asumir la Presidencia ya con medio camino desbrozado de este conflicto, por la vía de la negociación, lo que es plausible, desde que uruguayos y argentinos tenemos mucho por hacer juntos, tenemos proyectos para llevar adelante en el litoral y la tradicional hermandad entre ambos pueblos no debe seguir afectada por un grupo de radicales que no atiende más razones que las suyas, pero también debe tener presente otros elementos, que refieren precisamente a la soberanía del país y a la necesidad de dar señales de que efectivamente somos independientes y no tenemos por qué pedir permiso o el visto bueno del gobierno de Buenos Aires para decidir lo que hacemos dentro de nuestras fronteras.
Recientemente, el presidente electo transmitió una señal inconveniente a los potenciales inversores extranjeros, cuando “frenó” la posibilidad de que la papelera multinacional Stora Enso decidiera instalar una planta de celulosa en la zona de Fray Bentos, para no “irritar” a los activistas de Gualeguaychú y tratar de sacar adelante una salida negociada al conflicto.
El futuro presidente dio a entender que no habilitaría la instalación de una fábrica en ese lugar, con lo que pretendió enviar señales pacificadoras hacia el grupo de radicales que sigue bloqueando el ingreso al puente internacional, con la expectativa de sostener próximamente una reunión con los activistas y tratar de convencerlos de que depongan su actitud.
Pero claro, al trancar una inversión de 1.500 millones de dólares, el mandatario electo ha despertado profundo malestar en las fuerzas vivas de Fray Bentos, que ha sufrido las consecuencias del corte y según comerciantes de esa zona, “no puede ser que nos quedemos cruzados de brazos en algo tan caro para nosotros”.
Y si bien Stora Enso no tiene definido el lugar, se corre el riesgo de que desde la vecina orilla se sigan vetando emplazamientos de centros fabriles de este lado del río, como se hizo con el emprendimiento de Ence en su momento, y nos encontremos nuevamente que desde Argentina nos digan donde los uruguayos podemos o no instalar fuentes de trabajo y procesar la producción, del rubro que sea.
Pero además, a pocos meses del fallo de la Corte Internacional de La Haya, corresponde ya dudar de antemano la oportunidad y el resultado que pueda tener el mandatario electo en su diálogo con los activistas, sobre lo que bien pueden orientarlo el intendente Omar Lafluf y su propio colega de sector, el diputado sanducero Juan Domínguez, quienes en su momento sufrieron en carne propia la irracionalidad y el destrato de los activistas cuando intentaron una instancia similar a la que pretende sostener Mujica.