Opinion | 16 Dic La presente creciente puso de manifiesto una vez más el grave problema que representan en Paysandú los asentamientos irregulares en zonas inundables. Como suele ocurrir cada vez que el río Uruguay se sale de su cauce, los más perjudicados son precisamente los que menos tienen, aquellos que sin recursos para edificar su vivienda en un terreno propio decidieron hacerlo en forma sumamente precaria en tierras fiscales o simplemente ocuparon por su cuenta un espacio inadecuado.
Como era de suponer, las aguas hicieron estragos en varias de estas construcciones, mucho más que en los hogares históricos de la zona portuaria, que han resistido incontables situaciones como ésta, precisamente por contar con una estructura sólida de material y profunda cimentación.
Es entonces que a la emergencia que estos sanduceros viven día a día se le suma el hecho de tener que abandonar el espacio ocupado para ver cómo lo poco con que cuentan se destruye sumergido en un río descontrolado.
En parte con el fin de erradicar definitivamente estas situaciones desafortunadas y socialmente injustas, el actual gobierno creó la ley de ordenamiento territorial, que prohíbe todo tipo de edificación en zonas de riesgo, así como brinda dirección al municipio sobre el destino de los espacios urbanísticos de acuerdo a un plan cuidadosamente elaborado para cada centro poblado.
Pero tras la emergencia surge la necesidad de realojar a los desplazados y brindarle la ayuda necesaria para que puedan volver a edificar. Esto se haría probablemente a través de canastas de materiales que servirán de base para las nuevas construcciones.
El problema es que de permanecer en los mismos sitios donde vivían, no solo se estaría violando una ley nacional --con el aval municipal en caso que la Intendencia provea los materiales sin fijarse donde se van a utilizar-- sino que estas personas estarán condenadas a vivir la misma situación cada cierto tiempo.
Entonces lo ideal sería reubicarlos en terrenos adecuados fuera del alcance de las aguas, quizás adquiridos por el municipio con el dinero que aporta el gobierno para esta emergencia. Y una vez determinado el lugar físico para los nuevos barrios, entonces sí entregarles las canastas de materiales. Ciertamente, luego habrá que asegurarse que nadie vuelva a ocupar los espacios abandonados, porque además de ser ilegal hacerlo, en poco tiempo volverá a suceder una emergencia como ésta.