Opinion | 17 Dic En nuestra particular idiosincrasia uno de los refranes que nos vienen como anillo al dedo es el de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, que conlleva en muchos casos rasgarnos las vestiduras ante los hechos consumados, pero una vez las urgencias se superan y vuelve la calma, las prioridades se desdibujan y se dejan las cosas tal como estaban, para volver a lamentarnos y apelar a tremendismos cuando la situación se da una y otra vez, a determinados intervalos, simplemente porque en su momento no se hizo lo que se tenía que hacer, aunque el costo a pagar inicialmente fuera relativamente alto.
Es decir que se conjugan voluntarismos con falta de previsión y de visión a mediano y largo plazo, además de naturalmente la convicción y la decisión para llevar adelante iniciativas que no siempre van a cosechar aplausos ni elogios de la tribuna, pero que forman parte de la tarea de gobierno, en la que debe conciliarse el interés general con el sectorial y particular, establecer prioridades y evaluar la relación costo-beneficio en plazos que muchas veces exceden un período de gobierno.
En este caso el sayo le cae al gobierno departamental de turno, que al igual que varios de sus antecesores debió enfrentar las consecuencias de otra fuerte crecida del río Uruguay, fundamentalmente a partir de miles de evacuados que debieron alojarse en dependencias como el Estadio Cerrado, instalaciones de la Seccional Tercera y otros lugares adaptados para alojar transitoriamente a decenas de familias de menores recursos, que no tienen posibilidades de trasladar sus pertenencias y residir en casas de familiares, amigos o de otras personas solidarias.
Pero en esta particular ocasión, además de tratarse de la mayor crecida en cincuenta años, y que por lo tanto ha desalojado a vecinos años de áreas a las que solo había llegado la gran creciente de 1959, nos encontramos con que las aguas han alcanzado a viviendas y barrios en los que el gobierno departamental, en coordinación con el nacional, en este mismo período, ha volcado recursos de toda la comunidad para la regularización de asentamientos marginales a través de programas como el SIAV.
Uno de los más afectados es el barrio Curupí, que en gran parte ha sido regularizado a través del SIAV, sin manejar un elemento fundamental para este tipo de decisiones, que radica en el hecho de que este asentamiento se encuentra en una zona inundable, y no puede extrañar entonces que gran número de los damnificados por el desborde sean familias de este barrio tanto en las áreas regularizadas como en las que habían quedado fuera del plan inicial.
Ocurre que nuevamente se ha recurrido a la improvisación para “solucionar” situaciones de hecho, a un costo millonario en dólares, legalizando con infraestructura una zona que no solo es anegable, sino que a la vez está ubicada en un lugar absolutamente inadecuado y a contramano de la intención de darle proyección turística a la costa sanducera hacia el norte de la ciudad.
Un doble error del gobierno departamental, que lo hemos señalado en más de una oportunidad y lamentablemente los hechos nos están dando la razón, porque se hizo caso omiso de todo plan urbanístico, es decir solo permitir construir y legalizar lo que esté por encima de la cota 10, por lo menos, para no recaer una y otra vez en los mismos dramas una o dos veces en una misma década.
En gobiernos anteriores se invirtieron recursos en soluciones reales –que no fueron el ideal, por supuesto— que implicaron realojos mediante la construcción de soluciones habitacionales en zonas no inundables, como el barrio Río Uruguay, el Jardines del Hipódromo y anteriormente el P-3. Precisamente a esta alternativa debió haberse recurrido en todo caso para familias del Curupí, en lugar de esta regularización contra el sentido común, desde que se gastó mucho y mal, a lo que debe agregarse en estas instancias el sostener a estas familias inundadas a costo de toda la comunidad, lo que se repetirá en cada crecida.
Es decir que se ha apelado al viejo recurso de los “parches” sin ningún sentido urbanístico, ordenamiento territorial ni tampoco social, lo que lamentablemente augura que se sigan “pateando para adelante” los problemas, para que los que vienen agarren el fardo.