Opinion | 16 Dic Aunque hay una serie de puntos de posible acuerdo en la Cumbre sobre el Cambio Climático de Copenhague, existen posiciones que en principio aparecen como difíciles de conciliar ya en esta instancia, pese a que hace más de un mes la Unión Europea había pactado, por lo menos en principio, una posición común de cara a la cumbre mundial.
Es decir que había, por lo menos a priori, puntos en común para pulir en una problemática que ha cambiado aceleradamente, pero en la que la preservación del medio ambiente debe conciliarse con poderosos intereses económicos de los países desarrollados, que son a la vez los más contaminantes.
Hasta no hace mucho, el calentamiento global era una posibilidad de degradación medioambiental que podía darse en un futuro más o menos lejano, por lo que en teoría no existían urgencias como para apuntar a establecer mecanismos que permitieran revertir o por lo menos atenuar en el corto plazo esta contaminación debido a las emanaciones y desechos vertidos por las naciones desarrolladas en sus procesos industriales y explotación desmedida de recursos naturales.
Pero la cambiante realidad indica que año a año las mediciones van dando cuenta de una constante manifestación y avance del efecto invernadero, que tendría consecuencias catastróficas para la humanidad, aunque existen discrepancias entre científicos respecto a la real entidad y consecuencias del problema.
En algunos ámbitos se especula con que hay científicos que han exagerado la nota con sus predicciones y evaluaciones del escenario global, pero hay muchas formas de ver las cosas, de acuerdo al énfasis que se ponga en tal o cual aspecto. El punto es que la relación costo-beneficio está presente en todas las decisiones que se adopten, incluyendo la ecología, donde también existen cultores de fundamentalismos que no aceptan otras razones más que las propias y en realidad terminan desvirtuando la causa por la que dicen luchar.
Para empezar, los líderes europeos reconocieron que las medidas de lucha contra el cambio climático podrían costar a los países en desarrollo alrededor de 100.000 millones de euros anuales en 2020, de los que entre 22.000 y 50.000 millones deberían proceder de la financiación pública internacional.
De acuerdo a los cálculos de la Comisión Europea, las naciones en desarrollo necesitarán una financiación anual urgente (entre 2010 y 2012) de entre 5.000 y 7.000 millones de euros, a la que contribuirían tanto la UE como “aquellos estados miembro que puedan, de acuerdo con su situación económica y financiera, con la parte que les corresponda equitativamente de esos gastos”.
El objetivo de Copenhague es precisamente dar continuidad al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012, para lo que la UE ofreció recortes del 20% de gases de efecto invernadero en 2020 y llegar hasta el 30% si otros países se suman al compromiso.
El compromiso de contribución de los países desarrollados, a efectos de financiar emprendimientos en naciones subdesarrolladas o “emergentes” con el objetivo de sustituir y/o compensar emanaciones de gases de efecto invernadero, es en realidad un mea culpa que apunta a descargar en otros el peso de hacer lo que se debe hacer para encarar un desarrollo sustentable, mientras al mismo tiempo, con parsimonia y de acuerdo a las circunstancias, los grandes contaminadores tratan de acomodar el cuerpo al desafío de seguir manteniendo su calidad de vida sin reconvertir su industria ni prácticas reñidas con la preservación del ecosistema.
En buen romance, se estarían “comprando” acciones amigables con el medio ambiente en los países en desarrollo para que los países industrializados puedan mantener su estándar de vida, pero sin que a la vez les resulte demasiado oneroso. En el tercer mundo existe la mayor reserva mundial de recursos naturales subexplotados, aunque continúa –ahora en forma menos masiva-- la tala indiscriminada de bosques y selvas naturales, lo que no solo genera cambios en el clima y la circulación de masas de aire, sino también en la reconversión de gases que causan el efecto invernadero. Los fondos contemplados en el Protocolo de Kyoto son una fuente disponible para financiar proyectos amigables con el medio ambiente, pero este instrumento requiere perfeccionarse y sobre todo reciclar recursos con otra fluidez, que se traduzca en las inversiones que solo están en condiciones de darse en países que --como Uruguay-- tienen recursos naturales a la medida de estas necesidades, sobre todo en el área de la forestación. De lograrse estos mecanismos, nuestro país y la región podrían contar con medios para apuntalar el desarrollo sustentable, con un aporte significativo para combatir los factores que generan el cambio climático y a la vez contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.