Opinion | 21 Dic El presidente electo José Mujica tiene previsto concurrir este martes al Congreso de Intendentes, que está convocado para definir los criterios de fiscalización según lo establecido en la reciente Ley de Empadronamientos, que obliga a matricular los automotores en los lugares de residencia o de trabajo del propietario. En realidad, el próximo mandatario está decidido a sondear apoyos para instrumentar una posible “solución” a la guerra de las patentes, dejando de lado precisamente este impuesto para pasar a un sistema en el cual se cobre cuando se paga el combustible, es decir incorporándoles un impuesto adicional.
El planteo es solucionar el conflicto entre intendencias a través del cobro del tributo en los combustibles, que establecería un sistema de compensaciones a aquellas comunas que pierdan recaudación. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, quien analizó el tema con el mandatario electo, considera que esta sería la mejor solución para los usuarios y las comunas.
Más allá de considerar buena la Ley de Empadronamientos, el intendente de Canelones entiende que se debe llegar a una solución definitiva, teniendo en cuenta las dificultades que surgen de la aplicación de la normativa.
La propuesta de cobrar las patentes con los combustibles no es por supuesto un invento de Mujica ni cosa que se le parezca, desde que incluso en su momento en el mismo congreso se manejó esta posibilidad, en base a un mecanismo que se utiliza en naciones desarrolladas –de gobiernos de derecha o izquierda-- y que parte de una base racional, por cuanto quien más paga es quien precisamente más utiliza la red vial, si se tiene en cuenta que el producido por este tributo en teoría se debe volcar al mantenimiento y mejora de calles y caminos.
Pero ocurre que estamos en Uruguay, donde las cosas se han hecho de otro modo, y tenemos que la Patente de Rodados, que es junto con la Contribución Inmobiliaria el tributo del que surge casi el cien por ciento de lo que recauda el municipio, es en realidad un impuesto al patrimonio, en este caso un vehículo, en el que se grava su valor, aunque esté guardado años en un garaje, sin circular y por lo tanto sin afectar la red vial que mantiene el municipio.
En una perspectiva racional, este cobro de patente carece en absoluto de lógica, si no fuera por este concepto de impuesto al patrimonio, en un país en el que históricamente el automóvil era considerado un elemento de lujo y aparece como mucho más sensato que pague quien realmente rompe los pavimentos, usa los estacionamientos y afecta el tránsito.
El punto es que no siempre la solución lógica es aplicable así no más en el Uruguay, porque cambiar el concepto del pago de Patente de Rodados significaría dar vuelta todo lo que se está aplicando hasta ahora, y pague lo mismo quien se desplaza en una “4x4” –como vulgarmente se les denomina a cualquier cosa rodante que parezca cara-- que aquel que utiliza un modesto vehículo, de décadas de uso, al alcance de su bolsillo, aunque ambos afecten por igual el pavimento y utilicen la infraestructura disponible para la circulación.
Se nos ocurre que serán pocas las comunas que estén dispuestas a pagar el costo político –también el gobierno central-- de igualar en los hechos patentes de vehículos que valen 30.000 dólares y los que se cotizan diez veces menos en el mercado, y mucho menos en el caso de las comunas que han ocasionado la guerra de las patentes por la rebaja en sus tributos, apuntando a captar vehículos de otros departamentos para salvar sus presupuestos. Más extraño aún parece que sea el propio Mujica quien impulsa una reforma como esta, que si bien es más justa conceptualmente va contra todos los principios que defiende su fuerza política, es decir castigar la riqueza y favorecer a los que menos tienen.
Desde el punto de vista del contribuyente, esta competencia por las patentes es beneficiosa, por cuanto con razón entiende que se le cobra demasiado cuando están todos de acuerdo en el valor de los tributos, y a nadie le gusta que lo esquilmen para usar el dinero generalmente con poco criterio y con presupuestos municipales “inflados” por burocracia, con escasa inversión y demasiado gasto.
El desafío es conciliar lo que en teoría debería hacerse --es decir que pague más quien más usa la red vial— con visiones políticas ante un escenario social muy particular, en el que están en juego la autonomía e independencia económica de las comunas, los requerimientos presupuestales de los municipios, la afectación a los propietarios de vehículos de menor valor y muchas veces de mayor consumo, y el recargo inevitable en el precio de los combustibles, que ya son además los más caros de la región. Sin dudas de adoptarse esta reforma los departamentos limítrofes se verán afectados, por cuanto fomentará aún más el contrabando, con lo cual no habrá ingresos por ningún concepto.
Es posible que para empezar a transformar la esencia del tributo, pueda probarse con una patente “base” que sea un porcentaje de la actual, y compensarlo paralelamente mediante el gravamen al combustible, en un sistema mixto que vaya avanzando hacia un mecanismo más racional que el actual, si es que realmente se encuentra voluntad política para hacerlo, ante los conflictos de intereses y visiones contrapuestas que son precisamente las que han generado este estado de cosas.