Locales | 21 Dic La Junta Departamental recibió en régimen de Comisión General a representantes de los setenta funcionarios de la Dirección de Vialidad que mantienen un reclamo de larga data, que aseguran incluso llegará a plasmarse en una acción judicial, ante el no pago o el monto indebido de la extensión horaria y horas extra que -además- se otorgarían en forma arbitraria.
Eduardo Laurencena explicó a los ediles cuál es la situación que los enfrenta con la administración actual, a partir de que en 2005 se dispusiera “dejar sin efecto el pago de horas extras, viáticos, insalubre, y otros beneficios, para dar cumplimiento nada más que al jornal laboral simple. Aproximadamente quince días después este Ejecutivo sacó la resolución 3125 en que se estableció que por un plazo de prueba de 90 días los funcionarios municipales deberían acogerse al régimen de extensión horaria. Se sabe por los trabajadores que para poder cumplir este régimen era necesario un total de 32 horas mensuales extraordinarias, lo que a simple vista ya le daba una pauta de que esto era en perjuicio del trabajador”.
Añadió que “una vez cumplidos los 90 días de plazo de la prueba sigue (ese régimen) hasta el 24 de agosto del año en curso. En el 2008 el Ejecutivo emitió una resolución a esta Junta Departamental en la que solicitaba una extensión horaria para los trabajadores municipales que pasarían de 40 a 48 horas semanales, con un monto que puede llegar hasta el 40 por ciento de remuneración para el funcionario municipal”. Aseguró que “en ningún momento el trabajador tuvo la opción o posibilidad de discutir estas resoluciones”.
respeto del estatuto
del funcionario
Laurencena dijo que lo único que están pidiendo “es que se respete el artículo 47º del Estatuto del Funcionario Municipal, pero también hay que ver que la resolución 3125 que el Ejecutivo sacó en 2005 fue basada en el decreto departamental 8409/77, es decir cuando este recinto como Junta Departamental no existía (época de la dictadura militar)”.
“Una vez agotadas las distintas instancias, dentro de la administración en busca de un diálogo permanente -desde el comienzo- no encontramos las puertas abiertas hacia una solución y optan los funcionarios por iniciar acciones legales. No obstante, el 24 de agosto de 2009, se ingresa al Municipio por parte de los funcionarios la intimación de pago. ¿Por qué la demora?, porque hubo bastantes dificultades para obtener los elementos probatorios por los que se reclamaba el respeto al artículo 47º del Estatuto del Funcionario Municipal y ni siquiera se nos había permitido leer el decreto 3125/05 cuando buscábamos respuestas a esta situación”.
Luego narró otras alternativas en torno de esto como fue el corte total de extensión horaria y extra a los funcionarios municipales, especialmente del Departamento de Obras, la reanudación de horas extra pero “solamente para un grupo de los más allegados a los directores de área”. Se habló de la “falta de respeto hacia los funcionarios” así como de “percusiones” a pesar de que esos setenta funcionarios son presupuestados.
Preguntas de los ediles
Luego de dicha intervención siguieron las preguntas de los ediles Robert Pintos, Patricia Vásquez Varela, Nilda Belvisi y Saúl Villagrán, quien insistió en saber cosas tales como si cuentan con el asentimiento y respaldo de la asesoría jurídica de Adeyom, así como la fecha en que plantearon o plantearán la acción legal. Ante una pregunta que les fue formulada, los funcionarios municipales estimaron la deuda por beneficios impagos en $1.800.000 aproximadamente y un perjuicio mensual de entre $900 y $1.000 en el orden individual. También aclararon que todos son presupuestados y que hay otro grupo en formación en el cual existen funcionarios presupuestados recientemente. “Somos todos presupuestados en este grupo porque si han habido represalias cuanto más sería con los contratados”, que pudieran plegarse a este reclamo.