Opinion | 20 Dic Largos años de políticas erráticas y vigencia de monopolios estatales como el de UTE han llevado a nuestro país a asomarse al tercer milenio con serias limitaciones en materia de disponibilidad de energía eléctrica, al punto de darse el contrasentido de que la empresa estatal que vive de la venta de electricidad dos por tres dispone medidas de ahorro obligatorio en el ámbito público –de escaso cumplimiento, por cierto, como es tradicional— y exhortaciones a que los privados también reduzcan el consumo.
Por cierto que el mayor factor disuasorio para consumir por encima de las necesidades, tanto en el ámbito residencial como empresarial, son las propias tarifas que UTE aplica a la población y sectores productivos, que son las de mayor precio de la región, por lo que se conjugan precios altos y falta de disponibilidad en períodos en que merma el agua en los embalses.
La realidad indica que desde hace rato deberían haberse buscado alternativas sobre la base de energías renovables para ir reconvirtiendo la matriz, sobre todo en base a la energía eólica y biomasa, en cuya dirección se está trabajando ahora, luego de haber perdido un tiempo lastimoso con licitaciones convocadas por UTE en las que se establecieron en principio condiciones muy limitantes que derivaron en que quedaran afuera varias ofertas de electricidad por biomasa, incluyendo la de Azucarlito, para la venta firme de electricidad.
El alto precio que pagamos a nuestros vecinos por la energía que importamos y de la generación térmica de respaldo pone de relieve que se han cometido errores que han perjudicado al país, y que estas decisiones controvertidas nos han dejado aún más vulnerables ante los avatares de sequías y un mercado energético en el que nadie regala nada y las “solidaridades” son simplemente expresiones que no se traducen en los hechos.
Son de recibo, en este escenario, las reflexiones del ingeniero José Luis Pou, secretario ejecutivo de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, y de su similar regional Interame, cuando señala al suplemento “Economía y Mercado” del diario El País que el déficit energético estimado de Uruguay es de no menos de 400 megavatios hora, “que es muy preocupante sobre todo para el país que visualizamos, donde la demanda de energía eléctrica se incrementará un 7 a un 8 por ciento anual, dado el crecimiento previsible de las economías productoras de materia prima, como la uruguaya”.
Evaluó que este desafío implicaría incorporar unos cien megavatios adicionales cada año, pero que “las soluciones encaradas por la actual administración no serán suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de consumo, ni lograrán un suministro de energía eléctrica a precios razonables”.
Evaluó que las centrales térmicas que se han instalado en el país suponen una generación a costos muy altos, que seguirán aumentando a medida que suba el barril de petróleo, en tanto a juicio de Pou algunos de los equipos que se han adquirido, como es el caso de las turbinas de 50 megavatios de Punta del Tigre, “no deben funcionar en forma permanente, ya que no fueron diseñadas para ello y si había alguna duda al respecto, las costosas roturas producidas la despejan”.
Recordó asimismo que en este contexto de problemas de abastecimiento se llegó a importar de Brasil energía eléctrica a un costo de 400 dólares el megavatio, “cuando la opción de compra de energías renovables a generadores privados locales en todos los contratos ya firmados ha sido inferior a los 90 dólares el megavatio”, por lo que “es incomprensible haber demorado la incorporación de energía renovable no tradicional”.
Por supuesto, es de recibo este apunte del empresario, que refiere a una postura que no solo proviene del actual gobierno, sino que se arrastra desde sucesivas administraciones en las que hubo falta de previsión y no se adoptaron decisiones enmarcadas en políticas de Estado a mediano y largo plazo, que son precisamente las que deben instrumentarse en esta área a efectos de evitar situaciones como las que hemos atravesado cada vez que se acota la disponibilidad de generación hidroeléctrica.
La ausencia de estas políticas indica que debe priorizarse más que nunca habilitar que el sector privado desarrolle todo su potencial de generación a partir de energía eólica y biomasa, fundamentalmente, para reducir en el menor lapso posible el déficit energético del país. Es determinante cumplir con el objetivo mínimo de incorporar unos 500 megavatios en el quinquenio, para lo que es preciso eliminar trabas que impiden el desarrollo sostenido de nuevos emprendimientos, favorecer la inversión y paralelamente apuntar a incorporar una planta de regasificación de ciclo combinado, con abastecimiento diversificado y extrarregión, al estilo de Chile, para por lo menos empezar a ver un futuro menos comprometido.