Opinion | 19 Dic “Ha quedado demostrado” que dar una casa terminada a familias en difícil situación económica y que habitan casas precarias en terrenos fiscales “no sirve”, señaló el intendente Julio Pintos ante una consulta de EL TELEGRAFO respecto al planteo de 31 familias de inundados alojadas en el Estadio Cerrado que sostienen que no abandonarán este lugar hasta que se les entregue una vivienda digna para residir.
En cambio se manifestó dispuesto a instrumentar planes de realojo para 203 familias relevadas que requieren apoyo para salir de zonas inundables, pero con la condición de participar con su trabajo en la construcción de estas unidades habitacionales, a través de emprendimientos colectivos como cooperativas por ayuda mutua, por cuanto --como lo ha demostrado la experiencia-- lo que se obtiene sin esfuerzo propio no se valora. Se asume que las cosas vienen del cielo, se reciben como algo natural y encima como una obligación que toda la comunidad vuelque recursos para brindar viviendas gratis por ciudadanos que incluso no tienen techo propio y deben hacer malabares para subsistir.
Esta premisa de que no se valora lo que se consigue sin esfuerzo es válida en todas las áreas y es además un mensaje negativo en políticas sociales que al fin de cuentas transmiten que la pobreza y la indigencia son una “virtud” que debe ser premiada con “regalos” del resto de la comunidad, como fue en su momento el Panes y otros programas, que con el argumento de atender la emergencia social tienden a mantener situaciones asistenciales, por la vía de que al fin de cuentas no habrá contrapartidas de trabajo ni otras exigencias.
Pero, naturalmente, no alcanza con los eventuales realojos ni contrapartidas de trabajo para dar respuestas a una situación que es agravada por la creciente, sino que además se requiere asegurar que los terrenos con asentamientos irregulares no vuelvan a ser ocupados por otras familias con viviendas de emergencia, que la vez deberán ser asistidas en la siguiente inundación, ante los mismos requerimientos de apoyo, en un proceso de nunca acabar. Para ello es preciso aplicar las normativas ya vigentes, sin una “flexibilidad” que no es otra cosa que permisividad, parquizando y cercando zonas inundables, para luego no autorizar bajo ningún concepto nuevos asentamientos, con un seguimiento adecuado y con la firmeza necesaria para disuadir a quienes intenten plantear nuevamente situaciones de hecho, al margen de la legalidad.