Paysandú, Sábado 26 de Diciembre de 2009
Opinion | 26 Dic Este año, con motivo de la aplicación de la Ley 18.395 que estableció medidas de flexibilización para acogerse a los beneficios jubilatorios, aumentó sustancialmente el número de personas que tramitaron y obtuvieron su pasividad, lo que ha implicado para 2009 un aumento del orden de los 26 millones de dólares en las erogaciones del Banco de Previsión Social, de cargo a Rentas Generales.
En este marco, el total de pasividades tramitadas entre enero y setiembre del presente año ha marcado un récord, con una variación interanual del 64,1 por ciento, el mayor de la última década y que significa un aumento del gasto público de más de una décima de punto del Producto Bruto Interno (PBI), el que por supuesto es absorbido por los sectores reales de la economía, desde que el Estado es incapaz de generar riqueza y solo administra el dinero que aportamos todos los uruguayos.
En realidad, la aprobación de la norma apunta a contemplar la situación específica de grupos de trabajadores que por imperio de la crisis económica de 2002 fundamentalmente, y por razones de edad no han tenido posibilidad de completar los 35 años de trabajo y 60 de edad que establece la ley para acogerse a los beneficios jubilatorios, por lo que habían quedado atrapados en una situación social muy difícil, al no contar con suficiente cantidad de años de trabajo para jubilarse y a la vez encontrarse en un período de la vida en que resulta harto complicado integrarse a la plantilla laboral, teniendo en cuenta los requerimientos de empresas que limitan los llamados a 35 o 40 años por lo general.
Ello explica que en este primer año se haya registrado este ingreso masivo al régimen del BPS, estableciendo un récord de nuevos pasivos en la década, lo que seguramente se irá reduciendo hasta estabilizarse, aunque siempre con un mayor nivel de gasto público por un margen de tolerancia adicional que contrasta igualmente con exigencias del organismo previsional para otros grupos de trabajadores con dificultades para justificar aportes y años trabajados.
Ocurre que como en ningún otro caso, en lo que refiere a las pasividades se impone el condicionamiento de la sábana corta, y como los recursos no alcanzan para satisfacer todos los requerimientos, nos encontramos con que por ejemplo mientras ingresan nuevos grupos postergados por razones de un mercado laboral muy restringido, se mantienen pasividades misérrimas con el argumento de falta de recursos y el reajuste anual anunciado del 15 por ciento para enero quedó al 12 por ciento por correctivo de inflación, aunque bien podría haberse dejado en el valor inicial, por lo menos para los sectores de menores prestaciones. Ello da la pauta de que pese a los voluntarismos y las promesas, cuando hay una realidad que atender debe salirse a buscar recursos a los mismos lugares de siempre, es decir al bolsillo de los ciudadanos que financian el gasto, tanto el justificado y también el otro, el de la burocracia, de las ineficiencias y de las aventuras del Estado metido a empresario, donde no hay desempleo pero exceso de funcionarios; donde no hay productividad ni reducción salarial, como en el sector privado, cuando las empresas tienen números en rojo, porque las pérdidas son de cargo de toda la sociedad.
En el caso de la seguridad social, es notorio que existe una problemática harto complicada, que refiere al futuro cercano sobre todo, porque al envejecimiento poblacional por mayor expectativa de vida de la población se suma una fuerza laboral insuficiente para sostener el sistema, por lo que se requiere apoyo de Rentas Generales para responder a los requerimientos de las áreas que cubre el organismo previsional.
Y como por ahora no ha sido posible hacer realidad en esta época el episodio bíblico de la multiplicación de los panes y de los peces, deben buscarse recursos como sea de los aportes de los trabajadores, con la salvedad de que todavía se está muy lejos del ideal de tres aportantes por cada pasivo y --por el contrario-- seguimos apenas en el entorno del dos a uno, que solo augura una tendencia de mayor deterioro en la ecuación con el paso del tiempo.
Ello determina la necesidad de que el sistema político, por encima de la coyuntura en curso, lejos de las próximas elecciones, se dedique de lleno a analizar la situación y acuerde medidas de mediano y largo plazo para encontrar respuestas que serán más apremiantes con el paso de los años y que deben ponderarse ya, antes que el mundo se nos venga encima.
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