Opinion | 24 Dic “Si los intendentes no han podido –definitivamente-- superar el problema de las patentes, que lleva tantos años”, hay que “empezar por reconocer la enorme dificultad real que tiene este asunto”, expuso el presidente electo José Mujica al comparecer el martes por primera vez ante el Congreso de Intendentes, con una propuesta acogida apenas tibiamente por los jefes comunales, para poner fin a este prolongado conflicto.
Expresó la disposición del gobierno para que “en la medida que los intendentes lo vieran necesario, se pueda tratar de instrumentar otro tipo de soluciones”, pero aclaró que “el gobierno no lo va a plantear ni por sí, ni ante sí, porque se le ocurra”, sino que “sólo lo hará en el caso que la mayoría de las intendencias lo solicite”.
“Una de esas soluciones es encontrar una fórmula en que parte de las patentes se paguen con el consumo de combustibles. Todos sabemos que eso tiene pro y contra y no es del caso entrar en detalles, porque no sería un cuerpo de esta naturaleza el indicado”, manifestó, a la vez de puntualizar que no es intención del próximo Poder Ejecutivo involucrarse en el tema más allá de lo que surja de sus competencias enmarcadas en el ordenamiento institucional del país.
Como era de esperar, más allá de las expresiones de ocasión en cuanto a destacar la visita del próximo mandatario, han surgido voces a favor y en contra de la propuesta, que no tiene nada de novedosa, salvo que proviene de un mandatario electo que trata de arrojar sobre la mesa un elemento o idea para trabajar en busca de acuerdos, de forma de poner fin a un largo diferendo signado por las marchas y contramarchas, denuncias y cruce de acusaciones.
Una Patente Única Nacional, unánimemente respetada por las respectivas intendencias, sería la mejor alternativa desde el punto de vista del relacionamiento institucional, por cuanto evitaría el corrimiento masivo de empadronamientos hacia departamentos con precios de remate para captar recursos, pero naturalmente no favorecería al contribuyente, desde que al no haber competencia por captar vehículos se estaría en condiciones de aplicar valores sin tener a la vez como elemento “testigo” que otro departamento cobre patentes a menor precio.
La raíz del problema pasa en primer lugar por haberse instituido en su momento la patente como un impuesto al patrimonio y no como una tasa al uso de la red vial a efectos de recaudar recursos para su mantenimiento y mejora, por lo que de incorporarse un impuesto a los combustibles para que se pague parcialmente el costo de este tributo, por lo menos podría reducirse la incidencia del factor económico que se da hasta ahora.
Pero claro, no es buena cosa que se recargue aún más el valor de venta de los combustibles, cuando tenemos el gasoil y las naftas más caros de la región, y por otro lado no parece fácil conciliar intereses de los respectivos departamentos, desde que por ejemplo en el Litoral se da una realidad distinta al resto del país, por el trasiego de combustibles desde la vecina orilla, y por otro lado no es lo mismo el consumo de gasoil en departamentos agrícolas que el que se da en otros donde grandes extensiones de campo se vuelcan a la ganadería.
Igualmente, el gran problema radica en el incumplimiento por los intendentes de los compromisos asumidos en su momento, desde que en más de una oportunidad tras anunciarse con bombos y platillos un acuerdo que pondría fin a la “guerra de las patentes” este esquema quedó desvirtuado en los hechos por municipios como los de San José, Colonia y Flores, que apuntan a captar vehículos de otros departamentos mediante rebajas para aumentar su recaudación.
Y lo que no se hace, precisamente, es atacar el otro componente de la ecuación, es decir el gasto de los municipios, que dista mucho de ser eficiente, y que por tanto recarga en los contribuyentes el sobrepeso de mayor demanda de recursos, lo que explica la necesidad de cubrirlo con las patentes. En este conflicto de intereses, y cuando no se respeta siquiera lo que se acordó una semana atrás, y hay comunas que siguen “pateando los tarros”, aparece como muy difícil que se acuerde sobre una base tan compleja como un nuevo impuesto a los combustibles --que tendría que lograrse por acuerdo de intendentes y refrendado en cada Junta Departamental--, ante escenarios tan diversos entre las intendencias. Lamentablemente, ello augura nuevas instancias ríspidas en una problemática en la que nada podrá lograrse si por lo menos no se consigue que se respete lo que se acuerde, e incluso el contribuyente también está sujeto a incertidumbre e inseguridad jurídica, cuando empadrona en un departamento en el que no reside, atraído por rebajas. Este contexto implica que están en falta tanto el municipio que coloca la “oferta” como los que aplican sobrecostos a los contribuyentes para seguir manteniendo presupuestos absolutamente fuera de la realidad, lo que indica que a esta altura difícilmente haya alguno que esté en condiciones de arrojar la primera piedra.