Opinion | 27 Dic Con posturas encontradas incluso dentro de los legisladores del propio oficialismo, el Senado ratificó la denominada Ley de Descentralización, que instituye la elección de alcaldes, aunque el tema sigue en discusión en el Frente Amplio, desde que los diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay reiteraron que debe aplazarse la elección y no respaldan lo votado por la Cámara Alta.
El Senado votó un proyecto que elimina el artículo 23 de la Ley de Descentralización -con lo cual se limita la cantidad de alcaldías que se elegirán, a las localidades con más de cinco mil habitantes-- y que permite que los candidatos a intendente y alcalde se voten en hojas separadas, pero Lucía Topolansky (quien en estos días actúa como diputada) reiteró que la ley debe aplazarse y que debe crearse una comisión que discuta el tema en marzo. “Hay que saldar los inconvenientes y en 2015 iríamos con la ley sin problemas”, afirmó.
Por su parte, el coordinador de la bancada de diputados, José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), dijo que está de acuerdo con que “una mala aplicación de la descentralización puede ir en contra de la idea de descentralizar”, a la vez de protestar por cambios incluidos en el Senado a último momento y dijo que “la bancada de diputados no fue consultada”.
Mahía y otros diputados se reunieron con Mujica y Danilo Astori para plantear la modificación de varios aspectos de la Ley de Descentralización y quedó en claro que para eso había que postergar la elección de alcaldes, lo cual después no se concretó ante la postura firme del presidente Tabaré Vázquez, bajo cuyo gobierno y en base a la mayoría solo del oficialismo se aprobó la ley que ahora se cuestiona.
La bancada de diputados trataría el martes el proyecto en cámara. “Nosotros solo estamos comprometidos a eliminar el artículo 23, eso decidió la Mesa Política. Nuestros reparos siguen siendo válidos”, indicó el diputado Mahía.
Los cambios fueron aprobados con los votos del Frente Ampio y parte de la bancada blanca, en tanto además de la eliminación del artículo 23 se facultó a la Corte Electoral a reglamentar la norma y se agregaron artículos de último momento, incluyendo la posibilidad del voto cruzado dentro de cada partido para elegir los alcaldes.
El voto cruzado estará habilitado dentro de cada partido, pero se anulará si se pone en el sobre una lista de un intendente de un partido y un alcalde de otro. La elección será un verdadero rompecabezas para el elector, que también verá anulado su voto si pone una hoja de un alcalde en un barrio o ciudad donde ese alcalde no se postula. Los tres partidos coincidieron en que lo ideal es que los candidatos a alcalde no tengan lema, pero para eso debe reformarse la Constitución, nada menos.
El voto a las apuradas para reformar la Ley de Descentralización, a solo cinco meses de que se deba votar en las elecciones municipales, pone de relieve una vez más la improvisación y la falta de rigor técnico a la hora de redactar leyes en el Parlamento, más allá de los aspectos políticos de las normas que se estudian, lo que ha dado lugar a que cuando se analizara la instrumentación a efectos de convocar al próximo acto electoral, se encontraran ante una gran confusión respecto a la normativa a aplicar.
Una “solución” ha sido la de simplificar la convocatoria eligiendo alcaldes solo para localidades con más de cinco mil habitantes, lo que ha sido al fin de cuentas una incorporación positiva para una norma que confunde descentralización política con burocratización llevada al grado extremo, soslayando que el centralismo que practica por excelencia el gobierno nacional seguirá tan campante como siempre, porque además del ordenamiento institucional vigente, es sobre todo un problema de mentalidad de los gobernantes capitalinos y de la obsecuencia de gran parte de la dirigencia política del Interior. Una reforma intrascendente para la gran mayoría de las poblaciones del interior, porque tendrán autoridad pero no recursos suficientes. Y para aquellos lugares donde sí podría tener sentido esta “descentralización”, en los hechos las intendencias ya cuentan con las herramientas para hacerlo, por lo que en definitiva se trata de otra imposición del Gobierno central que afecta la autonomía de los municipios.
Es así que con o sin las modificaciones aprobadas en el Senado a la Ley de Descentralización, sean ratificadas o no por la Cámara de Diputados, el país seguirá tan centralizado y centralista como siempre, porque como en tantos órdenes, no es tanto problema de leyes sino de voluntad política, de la visión de país que se tenga en el gobierno central y el Parlamento, y este elemento hasta ahora no ha cambiado para nada.