Opinion | 26 Dic Es inaudito que una sociedad siga impotente ante los actos delictivos protagonizados por menores y hasta existan áreas de la ciudad en las que grupos de infractores aplican su ley, al amparo de la impunidad que les otorga una legislación irracional que protege a verdaderos delincuentes.
Uno de los últimos episodios conocidos públicamente por su trascendencia, pero que es solo uno entre decenas que se dan prácticamente a diario, es el del cierre obligado de la Policlínica del Barrio Norte, debido a los robos, ataques y frecuentes molestias generadas por grupos de menores contra quienes allí trabajan.
Los adolescentes merodean además el lugar a toda hora, hasta llegar a una situación insostenible en la que los funcionarios y técnicos vivían verdaderas odiseas bajo permanente amenaza, lo que derivó en que se optara por cerrar esta dependencia del Ministerio de Salud Pública y trasladar la atención a zonas cercanas.
Los grandes perjudicados, por supuesto, son los vecinos de Barrio Norte, como así también los de otras zonas problemáticas de la ciudad en las que los infractores apedrean los quioscos policiales y encima la emprenden contra los patrulleros y agentes policiales que realizan operativos para detectar a los agresores o persiguen delincuentes, tanto menores como mayores de edad, que son albergados en algunas viviendas del vecindario.
Este estado de cosas solo es posible porque existe gran permisividad en las normativas, que determinan que los jueces “entreguen” los menores a padres que son muchas veces tan irresponsables como los inimputables, o en casos extremos los deriven a dependencias del INAU y nos encontremos con que a las pocas horas esos menores están nuevamente en la calle, sin que al menos se comunique desde la institución que se encuentran fugados.
Nuestro país necesita un sinceramiento en su cuerpo legal pero también en la mentalidad de muchos de nuestros legisladores, sobre todo de la fuerza de gobierno, para realmente promover respuestas ante la inseguridad que se percibe en todos los ámbitos.
Pero fundamentalmente asumir que por cada delincuente que se deje en libertad a la ligera, invocando presuntas situaciones sociales, se está condenando a la sociedad, al vecino honesto, a sufrir cada vez con mayor gravedad la saña de antisociales que tienen fundadas razones para sentirse dueños de la calle, para robar y agredir, sin tener que responder por ello.