Opinion | 28 Dic Según declaraciones del titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Cr. Nelson Hernández, en el actual gobierno se ha logrado un cambio en la imagen del organismo, que se abrió a los medios y que llevó a que el evasor sea sancionado socialmente y deje de ser “el tipo vivo, el inteligente”.
De acuerdo a lo expresado por el jerarca a El País hubo un cambio en la imagen hacia fuera de la DGI, que buscó el reconocimiento de la población. Que no se la viera como un gendarme que está castigando al incumplidor, sino como alguien que está colaborando en esa actividad de cobrar impuestos para que puedan prestarse los servicios públicos. Muchas veces eso se pierde de vista y aparecen los impuestos como algo que se paga sin contrapartida; lo que pasa es que la mayoría de las veces las contrapartidas no las reciben los mismos que pagan. A partir del 2005 hubo un cambio que volcó a la DGI hacia fuera”.
A su juicio “el cambio se trata de que el no pago de los impuestos sea sancionado socialmente y no solo económica o penalmente. Que la gente dijera: aquel señor es alguien que no paga sus impuestos y de alguna manera nos está haciendo pagar más a nosotros. Antes el que no pagaba impuestos era el tipo vivo, el inteligente y hoy creo que las cosas no son tan así”.
Y no está lejos de la verdad el director general de la DGI, porque desde siempre en el Uruguay se ha estado conviviendo con una supuesta “viveza criolla”, que daba por sentado que evadir impuestos es simplemente una especie de “travesura” del contribuyente, que elude una obligación para mejorar la salud de su bolsillo, pero sin que por ello cause daño a nadie más que al Estado, que siempre le puede sacar dinero a otro que tenga más recursos que él.
En realidad el “travieso”, que durante mucho tiempo no ha estado mal visto en la sociedad --porque como bien dice Hernández, no era sancionado socialmente--, lo que hace es estafar al resto de la sociedad, a los demás contribuyentes que deben pagar por sí y por el evasor, lo que significa recargar el peso fiscal sobre quienes cumplen regularmente con el pago de sus impuestos y cargas sociales. A la vez, también se encuentra en la misma situación quien es parte del sector informal de la economía, el que además de no cumplir con sus obligaciones tributarias y por lo tanto hace recaer en otros las consecuencias de su omisión, encima compite deslealmente --por tener menores costos-- con quien trabaja dentro de la legalidad, lo que genera entonces un doble perjuicio a los que se esfuerzan una y otra vez por ajustarse a las normas.
Surge claramente de estos elementos que el evasor, al violar la ley, está cometiendo un delito, y que como tal debe ser tratado y mirado, y no como el “vivo o el inteligente”, porque en realidad nos está queriendo hacer pasar por tontos a todos los que pagamos tributos.
El Estado, a través de sus respectivos organismos, y no solo la DGI, tiene la obligación de velar porque se respeten las normas, es decir que debe incluirse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y al BPS, entre otros, porque al detectar al evasor y conminarlo al pago de sus impuestos y cargas sociales, está también defendiendo al resto de la sociedad involucrada.
Pero el papel del Estado no empieza ni termina en el control como recaudador, sino que también tiene su rol de gastador, desde que lo que percibe de los contribuyentes debe administrarlo lo mejor posible y retribuir en servicios lo que el ciudadano deposita en ventanillas de sus respectivas dependencias, no sin mucho esfuerzo.
A la vez, la premisa de que si todos aportamos todos terminaremos pagando menos tiene varias puntas, porque también debe darse la contrapartida del Estado de gastar criteriosamente, de tener la mayor eficiencia posible en el uso del dinero que recauda y sobre todo de los destinos que le da a estos recursos.
Por este lado también el Estado está en omisión, porque debe demostrar con hechos y no solo con palabras altisonantes al contribuyente que éste no está arrojando dinero a un barril sin fondo, solo para dilapidarlo o pagar sueldos de burócratas o la ineficiencia del Estado, sino que lo administra en forma austera y siguiendo prioridades con los retornos correspondientes.
Y lamentablemente, el contribuyente recibe prácticamente a diario el mensaje de que su dinero no es administrado de la mejor forma ni nada que se le parezca, porque mucho de él se pierde en burocracia, en asistencia social que no tiene el retorno que debiera, y encima, en lugar de reducirse la brecha entre lo que se gasta y lo que se recauda, se ha incrementado exponencialmente el gasto público en el presente gobierno, lo que indica que en gran medida no se cumple con lo que se pregona, y se borra con el codo lo que se escribe con la mano.