Opinion | 01 Ene Uno de los desafíos que enfrenta la Humanidad en el futuro inmediato, entre otras problemáticas, es el calentamiento global o efecto invernadero, como consecuencia de la emisión de gases de carbono, el paulatino agotamiento de recursos naturales que obliga a buscar nuevas alternativas, sobre todo en el área de la energía, pero también tan lenta como inexorablemente asistimos a un cambio demográfico que paradójicamente tiene su mayor manifestación en países desarrollados y en algunos del Tercer Mundo como Uruguay y Argentina, por citar dos países de nuestra región, aunque con diagnósticos diferentes respecto al Primer Mundo.
Este cambio demográfico, que implica el envejecimiento de la población mundial, conlleva una serie de desafíos y condicionamientos para los cuales todavía no se han diseñado respuestas a medida, que varían con el escenario en cada país, y lo que es peor, en su gradualidad indica que no hay posible reversión, sino que debe atenderse en las consecuencias y manifestaciones que trae aparejado el nuevo escenario.
Uruguay, lamentablemente, tiene los dos aspectos más negativos de la ecuación, desde que su envejecimiento poblacional por mayor expectativa de vida y baja natalidad es similar al de los países desarrollados, pero cuenta con una economía que tiene las falencias de los países subdesarrollados. Como contrapartida, la mayor parte de estos últimos tienen una alta tasa de nacimientos y su promedio de población es más joven, lo que indica que no tienen las urgencias del Uruguay como consecuencia de su perfil demográfico.
Los datos estadísticos indican que la población del mundo rico envejece y la del mundo pobre por lo general está solo algunas décadas rezagada. De acuerdo con el último pronóstico de población realizado por las Naciones Unidas, la media de edad para todos los países crecerá de 29 años en la actualidad a 38 para 2050, en tanto en la actualidad menos del 11 por ciento de la población mundial de 6.900 millones de personas tiene más de 60 años, pero para 2050 el doble de esta porcentaje alcanzará esa edad, que será sin embargo el 33 por ciento en los países desarrollados.
Este guarismo también es válido para nuestro país, y como en el primer mundo, una de cada tres personas estará jubilada y casi una de cada diez tendrá más de ochenta años.
Este perfil paulatino pero sostenido indica que con el paso de los años habrá enormes consecuencias económicas, sociales y políticas, en tanto hasta ahora pocos países han decido tomar el toro por las astas e incorporar políticas para hacer frente al problema con la debida disposición.
Este envejecimiento se debe naturalmente a que existe una mayor expectativa de vida por una serie de factores, que en los países ricos era en 1900 de menos de 50 años y que actualmente es de 78, creciendo sostenidamente, pero a la vez las familias tienen menos hijos y los grupos de edad más jóvenes son más reducidos respecto al crecimiento del número de personas de avanzada edad, con solo 1,6 hijos por pareja.
Dentro de este universo, el Uruguay tiene un futuro comprometido ya en el mediano plazo, pero con problemas que han comenzado a manifestarse y que se están agudizando en cada crisis económica, cuando es afectada la actividad y la masa laboral, y consecuentemente la sociedad dispone de menos recursos para atender su seguridad social, entre otros aspectos. Así, a medida que más personas pasan a retiro, y menos jóvenes tomen sus lugares, la fuerza laboral se reduce y la producción cae, a menos que aumente la productividad significativamente. Por lo tanto, se genera más presión de aportes sobre la masa laboral para sostener el esquema de prestaciones, y a la vez también hay más necesidad de recursos para atender en salud y esparcimiento a sectores de la tercera edad. Estos requerimientos pueden más o menos atenderse en economías sanas y ricas, como las de los países desarrollados, pero a menos que se cambie el esquema, en naciones como Uruguay, de no instrumentarse políticas a tono con este desafío, solo se acentuarán las carencias que se padecen hoy, por lo que el sistema político y los sectores involucrados en esta problemática deben pasar decididamente a establecer un diagnóstico de la situación y buscar respuestas que hasta hoy se han soslayado, como si no tuviéramos el problema ya encima.