Opinion | 03 Ene En un país en el que desde hace muchos años se habla de la reforma del Estado, pero sin que hasta ahora se hayan adoptado realmente medidas que siquiera lleguen a rozar la cáscara del Estado, por lo menos se ha abierto una cuota de cauta expectativa ante los anuncios del presidente electo José Mujica de que su visión es la de tomar a Nueva Zelandia como modelo para encarar una reforma de esta magnitud.
Por supuesto, en la fuerza de gobierno los antecedentes sobre el particular no son buenos, porque a poco de asumir, el presidente Tabaré Vazquez anunció con contundencia que iba a encarar la “madre de todas las reformas” en el Estado, pero esta intención no se hizo realidad por ningún lado, y así hemos transcurrido otros cinco años con los mismos vicios y problemas de siempre en el ámbito estatal.
Claro que en este tema la intención y el hacer van por carriles que no siempre coinciden, porque la visión crítica que todos los uruguayos de una u otra forma tenemos sobre nuestro Estado no necesariamente se traducen en coincidencias en la propuesta, aunque todos sabemos que algo habría que hacer respecto a una realidad que rompe los ojos.
Por lo pronto el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, dijo en una oportunidad que en realidad las empresas estatales ya están privatizadas en el Uruguay, porque pertenecen a sus funcionarios, y en este aspecto no le ha errado un ápice.
Aún así, una cosa es reconocer que se está ante un problema y otra muy distinta es que se esté dispuesto a agotar etapas y afrontar los conflictos que inevitablemente sobrevendrán para traducir en hechos los enunciados de buenos deseos. Habrá que chocar primero que nada contra los gremios de funcionarios públicos que se sienten amenazados por cualquier cosa que se trate de cambiar dentro de sus dependencias, y automáticamente reaccionan con una actitud defensiva, de oposición a los cambios, argumentando cuestiones de “soberanía nacional” las más de las veces, en las que todavía hasta hay incautos que pueden caer.
La realidad histórica indica que están defendiendo sus intereses y beneficios, muy legítimos sí, pero los que por supuesto están lejos de coincidir con el interés general, aunque se pretenda hacer creer que sí.
Mujica, por su lado, no ha hecho gala de avanzar con una “madre de todas las reformas” y, por el contrario, por ahora solo ha mencionado vaguedades en el marco de promover la imagen de Nueva Zelandia como ejemplo a seguir, aunque sin entrar en detalles.
Más recientemente, el electo mandatario arremetió contra los “mandos intermedios” dentro del Estado, que a su juicio “en gran medida tienen la responsabilidad real de la marcha del Estado” y que “se reproducen frecuentemente en forma alucinante”, porque además “suelen transformarse en un objetivo en sí mismo”, en lo que se perfila como una postura conciliadora ante los sindicatos de funcionarios públicos que ya han puesto el “cuero duro” ante la posibilidad de que sus puestos puedan verse amenazados en alguna forma.
El punto es que es impensable --aún para un partido que tiene como base y plataforma de llegada al gobierno a la dirigencia sindical-- intentar algún cambio que genere resistencia y la posibilidad de conflictos con un socio que lo ha catapultado al poder y que naturalmente, no va a permitir que se le ponga en el banquillo de los acusados para una pretendida reforma.
El vicepresidente electo Danilo Astori dijo hace pocos días que en las reformas del Estado y la educación habrá que vencer la resistencia de poderosos intereses corporativos, los que por supuesto tratarán de frenar, desviar o impedir todo intento de transformación que afecte tanto sus intereses como sus expectativas, vengan del gobierno que vengan. El Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria, la dirigencia sindical pertenece a la fuerza de gobierno o simpatiza fuertemente con ella, y estos elementos indican que es la fuerza política con mayores posibilidades de tener éxito en una reforma y modernización del Estado. Pero los enunciados de que la reforma del Estado es clave para concretar el “proyecto nacional” del Frente Amplio tropiezan con antecedentes muy negativos, que remontan a cuando la izquierda ejercía la oposición y junto a la dirigencia sindical se opuso a cuanta reforma se pretendió adoptar en el Estado, y recurrió con plebiscitos leyes que iban en esa misma dirección, incluyendo a la que permitía la asociación de capitales privados con Ancap, en cuya redacción también había participado Astori.
Estos pocos elementos bastan para justificar que estos anuncios de intenciones deban ser tomados con pinzas, y aguardar a los hechos para ver si realmente se podrá hacer algo o si simplemente se seguirá hablando sobre lo que se debería hacer.