Opinion | 05 Ene Los datos estadísticos sobre egresados de la Universidad de la República revelan descarnadamente la realidad de nuestro sistema educativo terciario, que está lejos de atender las reales necesidades del país en una serie de áreas que seguramente son estratégicas para el desarrollo, en el marco de un escenario que ha recibido fundadas críticas de prácticamente todo el sistema político –incluyendo al presidente electo José Mujica— pero que es defendido a capa y espada por los sectores conservadores enquistados en la propia institución estatal, con el apoyo de sectores de izquierda que rechazan toda “intervención” para seguir aplicando recetas que hace rato han sido descartadas en los países que avanzan.
Claro, hay una serie de aspectos que obstan para este “aggiornamiento” en la enseñanza universitaria, empezando porque se pretende hacer creer que por ser “gratuitas” las carreras terciarias están al alcance de todos, lo que es precisamente una de las grandes mentiras que se han repetido hasta el cansancio para pretender justificar un estado de cosas que no favorece a nadie, salvo a los sectores beneficiarios de los viejos esquemas y que han consagrado una universidad centralista y elitista.
Y si como bien sostiene el refrán, por sus frutos conoceréis el árbol, nos encontramos con que prácticamente el 70 por ciento de los estudiantes universitarios proviene de hogares de mayores ingresos, y a la vez también en similar porcentaje de Montevideo, lo que arroja como conclusión que el perfil del estudiante universitario medio es ser montevideano y de hogares de ingresos medio altos y altos, con excepciones que confirman la regla.
Estos estudiantes, que pueden perfectamente pagarse sus estudios, en lugar de que se los financiemos todos los uruguayos pagando impuestos, utilizan la franquicia de no tener que hacerlo, como se hace en todo el mundo, para establecer una sobredemanda en la matrícula en áreas en las que existe un estrecho mercado laboral y que no aportan nada positivo para un país que hace grandes esfuerzos –demasiados-- para mantener una enseñanza gratuita “a cara de perro” en aras de una falsa igualdad, porque el estudiante de modestos ingresos del Interior no puede financiarse las estadías ni los gastos inherentes a una carrera universitaria, aún utilizando el actual Fondo de Solidaridad que establece el mecanismo de becas.
Estamos por lo tanto con matrícula libre y gratuita para quienes no necesitan la gratuidad, pero que la aprovechan igualmente para deambular por los recintos universitarios, yendo de vez en cuando si se les antoja o se hacen algún tiempo, porque no tienen urgencias económicas ni ninguna exigencia para culminar en tiempo y forma la carrera que les pagamos todos los ciudadanos.
Tampoco importa a un sistema universitario anquilosado, encerrado en sí mismo, pese a los recurrentes enunciados de descentralización y de abrirse a la sociedad, donde se puede ocupar bancos y demandar recursos sin ninguna contrapartida de obligaciones, como si el dinero y la infraestructura llovieran del cielo.
No puede extrañar por lo tanto que anualmente egresen miles de universitarios en áreas profesionales con campos de trabajo saturados, lo que no implica satisfacción para quienes han abrazado estas opciones y mucho menos para un país que ha gastado en formar profesionales que no necesita, en muchos casos porque los jóvenes han esquivado materias como matemáticas, y como había que “seguir algo” para conformar a los padres y amigos, se inclinaron por carreras de humanística aunque no sea esa realmente su vocación ni tengan expectativas profesionales en sintonía con estas áreas.
Tenemos así que mientras actividades del rubro agropecuario y de la industria manufacturera representan el 25 por ciento del Producto Bruto Interno del Uruguay, apenas 3,8 por ciento de quienes egresaron del nivel universitario en 2008 cursó carreras vinculadas a esos sectores de la actividad económica, y en cambio han egresado los mayores contingentes en medicina, abogacía, notariado y en las áreas de las ciencias sociales.
Ello indica que estamos ante una distorsión que está alentada por la gratuidad --que debería regir solo para los estudiantes que no están en condiciones de hacer frente al pago de sus carreras, para luego devolver ese dinero una vez volcados a la actividad profesional-- y encima sin limitaciones de ingresos, lo que determina que se sigue volcando sobre las espaldas de todos los ciudadanos la formación de profesionales que no se necesitan.
Y este esquema, lejos de ser un valor a preservar, como señalan las autoridades universitarias, es precisamente un contrapeso a erradicar, sin preconceptos ni vacas sagradas, sino con sentido común y aventando viejos prejuicios ideológicos.