Opinion | 06 Ene Ya ha desatado polémica, con opiniones de todos los colores, la decisión de una jueza de Maldonado en el sentido de adoptar medidas preventivas contra personas con antecedentes penales o dudosos medios de subsistencia que se han trasladado a esa zona balnearia en procura de “oportunidades” que van desde la mendicidad al robo o la rapiña, aprovechando la gran presencia de turistas a esta altura del año.
Hay de todo en la viña del Señor, sostiene el dicho, y como en todos los órdenes de la vida, puede darse que paguen justos por pecadores, pero igualmente no por ello deben dejarse de lado acciones en procura de proteger al ciudadano común, sea uruguayo o extranjero, de las acciones de antisociales que están a la orden del día.
De acuerdo a lo manifestado a El Observador por el jefe de Policía de Maldonado, Edgardo Martínez, la Policía y la Justicia del departamento fernandino solo están aplicando leyes vigentes, al negar que en la presente temporada turística se esté llevando a cabo una política de “mano dura” en Punta del Este. Aseguró que como nunca antes en esta temporada había llegado a Maldonado gente que “exigía” ayuda económica en lugar de pedirla y que con la aplicación del Código del Procedimiento Policial se emite el mensaje de que el departamento es tierra de oportunidades pero no de oportunistas.
Para el jerarca las normas siempre existieron e incluso se aplicaban, pero esta vez la diferencia radica en que los operativos han cobrado “un estado público excepcional”, en tanto subrayó que en los hechos se está afectando el derecho de las demás personas, porque “si una persona, turista o no, pretende circular tranquilamente por una calle y lo están deteniendo cada dos metros para pedirle dinero, bueno, eso está superando el derecho de cualquier individuo a pedir un apoyo”.
Las acciones que aplican la Policía y la Justicia en el departamento esteño se enmarcan en una ley vigente, es decir el Código de Procedimiento Policial, que es un instrumento que permite intervenir en relación con episodios concretos, como es el caso de una acción preventiva a través del pedido de documentos a personas en actitud sospechosa. Martínez explicó que “antes de la vigencia del código había dificultades hasta para pedirle documentación a gente que tiene una actitud que a la policía le hace entender que es conveniente solicitársela, a efectos de determinar de quién se trata. Ahora tenemos esa norma y ha sido y es una gran herramienta para el accionar policial”.
Mediante la aplicación de este instrumento en diciembre se hicieron operativos que comprendieron a 28 personas “y en esos operativos hemos encontrado gente que había usurpado bienes inmuebles, gente sin hábito de trabajo que dormía en las plazas o en la playa, alguna con muchísimos antecedentes, personas que estaban incumpliendo una prisión domiciliaria en otro lado y andaban acá en Maldonado”, entre otras situaciones.
Estas pequeñas molestias de solo un minuto para el ciudadano común, son en cambio un marco de prevención muy importante, que se aplica incluso con mucho mayor severidad en países desarrollados, y nadie se rasga las vestiduras por ello sino que el ciudadano y el tejido social comprende y comparte que se hacen en aras del bienestar general y no como un capricho autoritario.
Muchos de quienes a su vez ponen el grito en el cielo por estas acciones frecuentemente son los mismos que emigran a Estados Unidos u otras naciones en los que se hacen como rutina operativos mucho más severos y que sin embargo cumplen al pie de la letra con las normas, como cualquier ciudadano de ese país, porque es precisamente una forma de salvaguarda de los derechos humanos y a la libertad que son violados sistemáticamente en sus incursiones por los malvivientes.
La presencia policial en las calles, operativos preventivos de este tenor y una adecuación de normas obsoletas a la realidad que vive hoy el país en materia de inseguridad no solo no son indeseables ni deberían ser motivo de cuestionamiento, sino una necesidad cada vez más acuciante para que el vecino deje de ser la víctima de malvivientes protegidos en exceso e incluso liberados prematuramente, para seguir haciendo de las suyas.