Opinion | 11 Ene Aunque como en todos los veranos, la laxitud propia de los primeros días de enero, la ausencia de jerarcas, las vacaciones de los principales dirigentes políticos y la tregua en el funcionamiento de instituciones, comisiones y grupos de trabajo, dentro y fuera del gobierno, ha dejado su sello en oficinas estatales diezmadas de funcionarios y sobre todo sin jerarcas, el hecho de que ingresemos en una etapa de transición entre dos gobiernos --pese a que se trate del mismo partido-- es centro de atención de expectativas y especulaciones sobre lo que va a ocurrir a partir del 1º de marzo.
Y entre las áreas incluidas en las prioridades del nuevo gobierno figura naturalmente la enseñanza, que implica una apuesta clave para el futuro del país y que lamentablemente sigue adoleciendo de graves problemas en sus respectivas ramas, las que conllevan por ejemplo una alta deserción a partir de enseñanza secundaria, un marcado ausentismo docente, una creciente degradación de valores y de nivel de los egresados y una educación terciaria que ha tenido unos avances mínimos pero que sigue manteniendo su perfil montevideano y elitista, solo por mencionar algunos aspectos pendientes desde hace muchos años.
El presidente electo Luis Mujica ha “tirado” sobre la mesa algunas ideas durante su campaña electoral y las ha reafirmado tras el acto eleccionario, cuando sostiene que debe haber universidades en el Interior, sin lo cual es impensable una descentralización en la educación terciaria, pero que este no es el único obstáculo a superar en una enseñanza cuyo común denominador es una flagrante caída en la calidad y en su capacidad de adaptarse a los cambios generados en el mercado laboral.
Los encargados de transmitir y ejecutar las ideas del presidente electo corresponden a los ya designados titulares del Ministerio de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich y María Simón, ambos profesionales universitarios con experiencia en el ámbito académico y estrechamente relacionados con las organizaciones de la enseñanza.
El punto es hasta donde el futuro ministro y la subsecretaria están compenetrados con el pensamiento del próximo mandatario y dispuestos a seguir adelante pese a los inevitables roces que seguramente desatará la instrumentación de esa línea de pensamiento, sobre todo en Montevideo, que tiene intereses creados que no van en la misma dirección que ha esbozado Mujica. Por lo pronto, el presidente electo ha reconocido que pese a que se han volcado más recursos a la educación, como han solicitado docentes y funcionarios, estos fondos que aporta toda la sociedad no se han traducido ni por asomo en alguna mejora en el nivel de la educación, y en cambio gran parte ha sido destinada a mejoras salariales que a la vez no han tenido contrapartida en dedicación ni en mayor calidad de la enseñanza.
Eso da la pauta, por si quedaba alguna duda, de que los recursos son apenas una parte de la ecuación y que al gobierno le “vendieron un buzón” cuando contra viento y marea se le exigió un determinado porcentaje de recursos respecto al Producto Bruto Interno (PBI). Claro, muchos legisladores e integrantes del gobierno se han mimetizado con las organizaciones y grupos corporativos que dominan la educación, por lo que el despiste es en realidad relativo, y si lo analizamos más a fondo, convendremos en que se trata más de responder a viejos compromisos que a un intento serio por cambiar las cosas.
Ocurre que por mejor intención que tengan los nuevos ministros y el propio presidente, existen ataduras muy firmes dentro del ámbito académico y difícilmente pueda pensarse que profesionales provenientes de este mismo ambiente estén dispuestos a “patear los tarros” y romper con el statu quo, cuando precisamente una vez culminado su mandato deben reinsertarse en el mismo ámbito.
Este aspecto es un condicionamiento nada despreciable a la hora de las decisiones, y es preciso tener fuertes convicciones, pero también amplios apoyos para hacer lo que se debe hacer --sobre todo en el primer o segundo año de gobierno-- antes que la nueva oleada sea “domesticada” por los intereses corporativos y la resistencia a ceder posiciones, sobre todo en las áreas directrices de los gremios que han luchado tanto tiempo por el poder y han logrado avances clave a través de la Ley de Educación. Estos pocos elementos bastarían para asumir que el camino de las imprescindibles reformas en la enseñanza, que no es tarea de un día ni de un solo partido, será tortuoso, lleno de piedras y con acechanzas en cada curva, pese a que en los papeles todos los sectores involucrados están de acuerdo en involucrarse en las reformas.