Opinion | 09 Ene Aunque con una proyección más alentadora en los inicios de este año respecto al anterior, no debe perderse de vista que de acuerdo a los datos oficiales, gran parte del déficit fiscal de 2008 tuvo su origen en el costo adicional de generación de UTE por efectos de la sequía, fundamentalmente, y la consecuente compra de energía a elevado precio a países vecinos, sobre todo Brasil.
Por añadidura hubo que generar electricidad con las usinas térmicas en base a derivados del petróleo, con sobreprecios que por decisión política solo trasladó parcialmente a los clientes el año pasado, por lo que en los hechos se ha estado subsidiando este costo adicional mediante fondos de Rentas Generales, con aportes de todos los uruguayos, que de una forma o de otra han pagado este mayor costo. A la vez, pese al subsidio, UTE aumentó igualmente el costo del kilovatio en el cuarto trimestre de 2009, sumando así costos para los clientes residenciales y las empresas, lo que nos deja ante la paradoja de que pese al subsidio, seguimos pagando electricidad cara respecto a los países de la región, pero sobre todo para el nivel de ingresos promedio de la población y para la ecuación económica de las empresas.
Y si bien se ha anunciado que habría una rebaja a comienzos de este año, el escenario para la generación eléctrica en nuestro país no se presenta promisorio, pero tampoco es optimista en el mediano plazo si realmente no se asume con decisión el desafío que implica contar con un adecuado respaldo de generación para atender el crecimiento de la demanda, haciéndolo básicamente por la vía de las energías alternativas de origen nacional y renovable, como el viento y la biomasa, de las que tenemos amplia disponibilidad pero sin que hasta ahora se hayan volcado inversiones de la magnitud necesaria para revertir el panorama.
No es una problemática nueva en el Uruguay, donde se han sucedido decisiones contradictorias, como ha sido el caso del gasoducto subfluvial que ha sido construido a la altura de Casa Blanca por decisión de UTE hace ya una década, sin que haya sido habilitado, y han quedado en agua de borrajas proyectos de plantas generadoras a gas natural que se manejaron. Ello indica que no existen políticas de Estado en materia energética, aún teniendo en cuenta el factor adverso de la inestabilidad regional y la incertidumbre de disponibilidad del gas argentino, más aún a partir del conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia.
También la Administración Vázquez ha puesto de manifiesto incongruencias y contradicciones, por cuanto pese a que ha proclamado una y otra vez la necesidad de incorporar electricidad por vías alternativas, se ha demorado tres años una licitación para incorporar apenas 60 megavatios en base a biomasa y energía eólica por UTE.
Es igualmente positivo que el Poder Ejecutivo haya anunciado su determinación de acelerar este proceso y prever que para 2015 se contaría con un respaldo no menor a los 500 megavatios en energías renovables.
Integrantes de la cámara que nuclea a los generadores privados de electricidad evaluaron que nuestro país tiene un déficit energético estimado en unos 400 megavatios, lo que es muy preocupante sobre todo para un país en el que se espera que la demanda de energía eléctrica se incremente un 7-8 por ciento anual dado el crecimiento previsible de las economías productoras de materias primas, como la nuestra, por lo que evaluaron que esta demanda significa la necesidad de incorporar unos cien megavatios adicionales por año.
Surge como algo evidente que las soluciones encaradas hasta ahora no alcanzarán para satisfacer las necesidades de consumo, ni tampoco un suministro de energía eléctrica a precios accesibles, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha llegado a pagar hasta 400 dólares el megavatio al Brasil.
Paralelamente, las centrales térmicas que se han instalado también operan en base a petróleo, a un costo alto, por lo que todo indica que las mejores opciones para el escenario en el corto, mediano y largo plazo implican alentar al sector privado para que desarrolle a pleno inversiones para la generación eléctrica, a partir de las energías alternativas, de forma de contribuir a eliminar el déficit energético, en lugar de hacerlo con excesiva lentitud y evidente falta de coordinación entre UTE y la intención que el gobierno proclama recurrentemente.
Este es un aspecto que sin dudas debe encarar cuanto antes la administración que encabezará José Mujica, para consolidar este proceso tan incipiente, y sobre todo trabajar desde ya en las definiciones que lo hagan posible.