Opinion | 09 Ene Aunque lo negaron en principio y luego dieron lugar a versiones contradictorias, voceros del gobierno confirmaron que el presidente electo José Mujica se reunió con piqueteros que tienen cortado desde hace tres años el puente “General San Martín”, explorando eventuales salidas al prolongado conflicto.
El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Vaz, confirmó que Mujica concretó esta reunión y dijo que “ese esfuerzo es uno de los tantos que se están haciendo para llevar adelante el tema y a una buena solución”, en tanto se supo que el 30 de diciembre el futuro mandatario recibió a un emisario de la presidenta Cristina Kirchner y le informó sobre la reunión que había mantenido en días previos con un representante de los asambleístas de Gualeguaychú.
En cambio, representantes de los activistas se apresuraron a aclarar que no existió ninguna reunión formal con Mujica y que si acaso hubo algún contacto habría estado a cargo de algún dirigente a título personal.
Estos primeros sondeos del mandatario revelan una intención de buscar alternativas a la exposición mediática que ha rodeado el conflicto, a través de los piqueteros que de vez en cuando redoblan la apuesta y consideran que por llevar a cabo una lucha “justa” tienen derecho a interrumpir el tránsito por un puente internacional todo el tiempo que consideren necesario.
Por supuesto, se olvidan a la vez del derecho de todos los ciudadanos de ambos países a cruzar el tendido sin que nadie se los impida por la fuerza, y de la premisa fundamental de que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los de los demás. Así, consideran que son los únicos que tienen derecho a hacer lo que les plazca, afecte a quien afecte, y ante este fanatismo se han estrellado hasta ahora todos los intentos de acercamiento que se han realizado, desde que incluso los asambleístas han desoído las exhortaciones de su gobierno a dejar libre el paso.
Y con este escenario radicalizado, agravado por los anuncios de que los activistas rechazarán el fallo de la Corte Internacional de La Haya en caso de que les sea desfavorable, por cierto que el futuro mandatario tendrá que hilar muy fino para ofrecer alguna concesión que permita destrabar la situación, sin resignar por ello legítimos derechos de nuestro país ante el desborde piquetero.