Opinion | 13 Ene Ha cobrado nuevamente fuerza, pese a la tregua política que genera el verano, la idea de promover una nueva reforma de carácter electoral, para lo cual es preciso reformar la Constitución, a la luz de gestiones de dirigentes que han salido a la opinión pública con una serie de elementos que podrían ser principio para una discusión profunda sobre el particular.
La última reforma sobre el punto data de 1996, cuando se incorporó, entre otras normas, el balotaje o segunda vuelta electoral, a efectos de asegurar que el nuevo presidente surgiera de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, en lugar de una mayoría relativa, como era el caso hasta entonces.
Como en tanto otros temas, hay opiniones encontradas respecto a cual sería la mejor opción desde el punto de vista de recoger la real opinión del ciudadano pero por supuesto no existen sistemas perfectos sino perfectibles, y seguramente el que nos rige a partir de 1996 es susceptible de mejoras, aunque en principio haya opiniones encontradas entre los partidos políticos e incluso entre sectores de los mismos partidos.
Por lo pronto siempre es pertinente comparar lo que tenemos hoy con el sistema que regía anteriormente, que era la convocatoria a elecciones nacionales y departamentales simultáneas, con ley de lemas y doble voto simultáneo incluido. Así, el último domingo de noviembre los uruguayos votábamos en un solo sobre por presidente de la República, senadores y diputados, integrantes de juntas electorales, intendente y ediles de las respectivas juntas departamentales.
Este verdadero “corsé” electoral establecía que no podía votarse a un partido en lo departamental y a otro en lo nacional porque se anulaba el voto, por lo que el elector se encontraba atado a un único paquete electoral y, a lo sumo, si tenía preferencias por un candidato en lo departamental y por otro en lo nacional, debía optar por alguna de las alternativas y quedarse sin voto a la Presidencia o la Intendencia.
Además regía el doble voto simultáneo, es decir que un partido podía presentar más de un candidato a la Presidencia dentro de un mismo lema, y resultaba electo jefe de Estado el que tenía la mayoría dentro del partido más votado.
Ello llevó a que en más de una oportunidad surgieran presidentes con un mínimo apoyo popular, por lo menos en cuanto al voto directo, y debieran tejer trabajosos acuerdos internos para contar con mayor respaldo parlamentario, e igualmente acordar hacia afuera de su partido a efectos de obtener las mayorías necesarias de legisladores para poder gobernar.
Un caso típico fue el del ex presidente Juan María Bordaberry, quien llegó al poder con el 20 por ciento de los votos, lo que le alcanzó para lograr ser el más votado dentro del Partido Colorado, y al obtener éste la mayoría relativa, resultó electo presidente.
La modificación de 1996, que instituyó el balotaje, ha resultado un avance en cuanto a recoger la real voluntad del soberano, por cuanto la ciudadanía de todos los partidos elige al candidato que entiende desempeñaría mejor la primera magistratura, sin corsés partidarios, y de la misma forma ocurre con la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales, al evitarse el “arrastre” del voto nacional al municipal.
También ha contribuido a este ordenamiento la institucionalización de las elecciones internas, incluyendo la obligatoriedad de un candidato único por partido, con la idea de evitar la atomización de los partidos.
Claro, estamos ante un esquema que en los hechos establece una carrera electoral de prácticamente más de un año y medio entre los meses previos a las elecciones internas y las municipales, lo que es desgastante para los partidos tanto desde el punto de vista de sus dirigentes como en el aspecto económico. Podría tenderse a corregir alguna deficiencia y por ejemplo establecer que si un partido obtiene la mayoría parlamentaria en la primera vuelta, resulte ganador del acto eleccionario aunque no llegue al 50 por ciento de los votos, como ha ocurrido en esta última oportunidad. Esta innovación sería un acto de sentido común, por encima de cualquier interés partidario, pero no es tan sencillo resolver el meollo de ir a una elección interna si se pretende que haya candidaturas únicas, y también sería desconsiderado con el Interior hacer coincidir las elecciones nacionales y departamentales un mismo día, aunque se instituya la validez del voto cruzado, porque es inevitable el fenómeno de “arrastre” propio del fragor de la campaña electoral.
Pero son aspectos a dilucidar en los que se debe trabajar desde ya, cuando se está lejos del día de la elección, y tener el camino por lo menos algo más despejado de los intereses partidarios y sectoriales siempre presentes en materia política, que inevitablemente intentarán incidir a su favor cuando más o menos se estén “orejeando” las cartas, como ha ocurrido en más de una oportunidad.