Nacionales | 10 Ene Casi 80 inspectores de la Dirección General Impositiva controlan los comercios del Este del país, buscando detectar la llegada de los denominados negocios golondrina. Hasta el momento, se solicitó a 55 locales, instalados para la temporada, garantía o adelanto de los impuestos por valores que llegan a más de 50.000 pesos por cada establecimiento.
Si bien las clausuras aún no se han aplicado, se han recorrido cientos de locales comerciales para conocer cuál es su facturación y el cumplimiento de los deberes impositivos. En lo que va de esta temporada, los inspectores de la DGI concurrieron ya a 790 establecimientos, informó el director de la DGI, Nelson Hernández.
“En este momento tenemos afectados a esta actividad a 78 inspectores, que incluyen controles realizados en la zona que va desde el arroyo Carrasco hasta la frontera con el Chuy. La actividad prioritaria a la que están abocados es a la determinación de los montos de garantías por realización de actividades en temporada”, explicó.
Según Hernández, lo que realiza la DGI por estos días es la verificación de los comercios que fueron instalados para esta temporada y los que tienen su mayor movimiento económico en los meses de verano. A estos se les pide un adelanto de lo que se va a facturar o una garantía, lo que se lleva a cabo para evitar la evasión de los impuestos.
En el período comprendido entre el 2 y el 6 de enero se solicitó este adelanto a 55 comercios del Este del país. Cada adelanto ronda en el entorno de los 50.000 pesos por comercio. Esas garantías deberán ser cumplidas por los contribuyentes en la primera quincena de enero. Donde más se solicitó anticipos fue en locales comerciales de Punta del Este, mayormente restaurantes, inmobiliarias y estaciones de servicio.
En caso que un comercio se niegue a anticipar la garantía será pasible de ser clausurado hasta que cumpla con el pago. A partir del 21 de enero se realizarán clausuras a 34 establecimientos, producto de las actuaciones en la temporada de verano de 2009, según informó “El País”. Se trata de 25 clausuras en Maldonado y nueve en Rocha. Son comercios de todo tipo, incluyendo restaurantes, inmobiliarias, pubs nocturnos y bares. En muchos de estos casos el problema fue la subfacturación detectada.