Opinion | 12 Ene Entre los sectores que procuran lograr un diálogo fluido con el próximo gobierno figura la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), cuyos directivos tienen en carpeta una serie de planteos a formular a los ministros designados por José Mujica, teniendo en cuenta que los empresarios necesitan señales concretas del nuevo Poder Ejecutivo con vistas a la adopción de decisiones y en lo posible acordar puntos de vista para el mejor desenvolvimiento de la actividad industrial. Precisamente la industria nacional es un área que debe figurar entre las prioridades de cualquier gobierno, sobre todo en un país como el Uruguay, que debe hacer los mayores esfuerzos por incorporar valor agregado a la materia prima nacional, de forma de tender a exportar trabajo en lugar de insumos para que sean terminados en el extranjero y reexportados a subido valor.
Por lo demás, estamos ante una fuente de empleo por excelencia, de reciclaje de la riqueza del país, que incorpora tecnología y capacita trabajadores, dinamiza infraestructura y genera divisas. No es porque sí que las naciones desarrolladas históricamente han establecido fuertes subsidios a sus industrias pese a preconizar el libre comercio internacional y han buscado mecanismos para disfrazar estos subsidios en defensa de sus fuentes de trabajo.
Como en todas las cosas, cada uno lucha por sus intereses, y de una u otra forma lo que se procura es crear condiciones para el mejor desenvolvimiento de las industrias a través de estímulos que permitan su desarrollo, reinversiones y nuevos aportes de capital de riesgo.
En nuestro país, durante muchos años y hasta mediados de 1970, se sobreprotegió al sector industrial y se incorporaron subsidios encubiertos y directos, que en los hechos determinaron que nos cerráramos al mundo, en el entendido de que era necesario pagar cualquier precio para contar con fuentes de trabajo con fuerte componente de mano de obra nacional.
Por lo tanto se alentó la instalación y desarrollo de empresas ineficientes, que solo podían subsistir por la vía de subsidios, que en los hechos significa que toda la sociedad ponía plata de su bolsillo para que la industria pudiera funcionar, al costo que fuera.
Y ante esta facilidad, lo que se logró fue que las empresas no reinvirtieran en tecnología, no buscaran la eficiencia ni la competitividad, con un mercado cautivo por la vía de prohibir importaciones de la competencia extranjera o directamente aplicando aranceles que encarecían sustancialmente al producto importado.
Ello constituyó un claro perjuicio al consumidor, obligado a comprar productos nacionales, por lo general de baja calidad y/o caros, por lo que ante la nueva realidad mundial, la globalización y la liberalización del comercio, nuestro país debió abrirse al mundo desde mediados de los 70, cuando se habilitó un período de transición y apoyo a la reconversión de industrias para que se adaptaran al nuevo escenario.
Algunas lo pudieron hacer y subsisten hasta hoy, en tanto otras desaparecieron y con ellas se perdieron miles de puestos de trabajo que solo podían mantenerse a través de los subsidios, es decir haciendo que toda la sociedad pagara un plus en el entendido de que estas empresas no soportarían la competencia externa.
El punto es que los subsidios solo tendrían su razón de ser en aras de situaciones excepcionales o con un claro objetivo de sostener un emprendimiento en forma temporal, en coyunturas especiales, por razones estratégicas y sobre todo en determinado plazo tras el cual debe cesar la ayuda para que pueda desenvolverse por sus propios medios y demostrar que se es sustentable.
De ahí que resulte fundamental la búsqueda de la eficiencia de los proyectos industriales por ser iniciativas de riesgo que enfrentan competencia interna y externa, y que deben buscar permanentemente la actualización tecnológica, nuevos mercados y reperfilamientos para adecuarse a las circunstancias.
Pero aunque no otorgue subsidios, el Estado debe cumplir un rol fundamental --que es el que se espera del nuevo gobierno-- como catalizador de emprendimientos industriales, por la vía de favorecer las inversiones a través de determinadas exoneraciones, sobre todo cuando se radiquen en el Interior, pero a la vez buscando también reducir el costo gravoso que aplica a los empresarios en áreas como la energía, impuestos y cargas sociales, para que se deje de exportar este “costo país” exacerbado, y contribuir a la competitividad de nuestras fuentes de trabajo.