Opinion | 17 Ene De los impuestos que se pagan, la parte del león se la lleva la burocracia, que es algo así como el tejido adiposo del Estado. Otra parte importante se destina a educación, Salud Pública, seguridad, y si sobra algo, en infraestructura e inversión. Estas son las prioridades históricas del Gobierno uruguayo, pero en los últimos años hemos visto un cambio sustancial por el incremento de un factor que por sí solo solía considerarse marginal, dado que era cubierto en gran medida por cada uno de los ministerios y organismos gubernamentales dentro de su propio presupuesto ya de por sí abultado: el “gasto social”. Este surgió con fuerza para ayudar a los ciudadanos que tras las sucesivas crisis económicas que diezmaron los hogares uruguayos fueron engrosando la franja que está debajo de la línea de pobreza e indigencia, y que necesariamente hubo que asistir porque de otro modo, el futuro del Uruguay como país de “clase media” estaba comprometido. Luego la crisis se superó, la economía del país creció a cifras récord, las exportaciones alcanzaron niveles históricos, el salario real de los uruguayos superó los valores anteriores a 2002, el desempleo está por debajo de lo que estaba en las mejores épocas de nuestro país, mientras el gasto social sigue creciendo, lo que significa cada vez mayor presión tributaria, que a esta altura supera a la de cualquier otro país de la región.
Uno de los tantos objetivos de las políticas sociales es reducir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, aunque ante el fracaso manifiesto en este aspecto, las autoridades piden paciencia a la población, porque al parecer, los resultados tardarán años en apreciarse. Mientras tanto, las víctimas de la inseguridad pagan un doble tributo al hacer un gran esfuerzo para mantenerse al día con los impuestos nacionales y municipales, que en buena parte se destinan a “recuperar” delincuentes y por otra deben hacerse cargo de los destrozos y los bienes que les sustrajeron estos mismos malvivientes. Sería entonces de justicia que al menos algo de esos impuestos pudiera ser deducido del valor de los artículos robados o de la reparación de los daños ocasionados en el atraco. Estos valores podrían ser estimados por la Policía, que luego expidiera un comprobante de dicho monto refrendado con un sello oficial con la leyenda “Yo ya colaboré con los delincuentes”. Sabemos que algo así no es fácil de implementar, pero este procedimiento sería un bálsamo contra la bronca y la impotencia que sienten los miles de ciudadanos de bien que una y otra vez, ven esfumarse el fruto de años de trabajo y esfuerzo, para que en minutos un delincuente se lo robe.