Opinion | 21 Ene En la nueva instancia parlamentaria de las últimas horas las posiciones encontradas dentro del oficialismo, y entre varios de sus legisladores y la oposición, quedó postergado el tratamiento de la Ley de Descentralización, luego que fuera ratificada por el Senado pero también en esa oportunidad con manifestaciones discordantes dentro del oficialismo.
Esta norma instituye la elección de alcaldes en localidades del interior departamental, un tema que todavía sigue en discusión en el Frente Amplio, desde que los diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay reiteraron que debe aplazarse la elección y no respaldan lo votado por la Cámara Alta.
El Senado votó la eliminación del artículo 23 de la Ley de Descentralización -con lo cual se limita la cantidad de alcaldías que se elegirán, a las localidades con más de cinco mil habitantes - y que permite que los candidatos a intendente y alcalde se voten en hojas separadas, pero el MPP, sector mayoritario dentro de la fuerza de gobierno, mantuvo su postura de que la ley debe aplazarse y que debe crearse una comisión que discuta el tema en marzo para aplicar la ley en 2015, en sintonía con el Frente Líber Seregni, por lo que el tema ha pasado a consideración de la Mesa Política.
Ocurre que la misma esencia de la Ley de Descentralización está en tela de juicio, pese a la intención, y según voceros del oficialismo un apresuramiento con una consecuente aplicación inadecuada de la norma “puede ir en contra de la idea de descentralizar”, aludiendo a que sería conveniente postergar la elección de alcaldes. Este pensamiento no es el del presidente Tabaré Vázquez, bajo cuyo gobierno y en base a la mayoría solo del oficialismo se aprobó la ley que ahora se cuestiona. Los cambios en el Senado fueron aprobados con los votos del Frente Amplio y parte de la bancada blanca, en tanto además de la eliminación del artículo 23 se facultó a la Corte Electoral a reglamentar la norma y se agregaron artículos de último momento, incluyendo la posibilidad del voto cruzado dentro de cada partido para elegir los alcaldes.
El voto cruzado podría habilitarse dentro de cada partido, pero se anularía si se pone en el sobre una lista de un intendente de un partido y un alcalde de otro. La elección será un verdadero rompecabezas para el elector, que también verá anulado su voto si pone una hoja de un alcalde en un barrio o ciudad donde ese alcalde no se postula. Los tres partidos coincidieron en que lo ideal es que los candidatos a alcalde no tengan lema, pero para eso debe reformarse la Constitución, ni más ni menos.
Estos elementos, manejados en la sesión de Diputados del martes a solo pocos meses de las elecciones municipales, explican las reservas que han llevado a una indefinición en la Cámara de Representantes, si se tiene presente que la enmienda puede ser peor que el soneto y la redacción confusa de la ley hace contradictorios los alcances de la normativa a aplicar.
Entre las alternativas figura simplificar la convocatoria eligiendo alcaldes solo para localidades con más de cinco mil habitantes, lo que ha sido al fin de cuentas una incorporación positiva para una norma que confunde descentralización política con más burocracia, incluyendo cargos rentados que naturalmente deben ser solventados por toda la comunidad.
El punto es que más allá de la burocracia adicional, la normativa deja intacto el centralismo que practica por excelencia el gobierno nacional, que no es solo el ordenamiento institucional unitario vigente, porque responde a la mentalidad de los gobernantes capitalinos, de todos los partidos, y la obsecuencia de gran parte de la dirigencia política del Interior, también de todas las colectividades partidarias.
Y así, con o sin Ley de Descentralización, nada va a cambiar en la realidad que se manifiesta en el Uruguay desde el fondo de la historia, porque el país seguirá tan centralizado y centralista como siempre, desde que no es únicamente un problema de leyes sino de voluntad política, de mentalidades que solo ven al Uruguay con el color del cristal de Montevideo, por encima de las declamaciones altisonantes y apelaciones al protagonismo del Interior.