Locales | 18 Ene Los colonos afectados por la aplicación de la ley 18.187 están aguardando que se integre el nuevo Parlamento y el Poder Ejecutivo, a efectos de reiniciar los contactos con el sistema político en procura de la derogación de los artículos que afectan a quienes compraron sus tierras en la primera mitad del siglo anterior, a través del Banco Hipotecario del Uruguay, y de las que tenían libre disponibilidad.
Uno de los integrantes de la mesa de colonos formada a efectos de encarar estos planteos, Esc. Salvador Buono, indicó a EL TELEGRAFO que “llegado el momento volveremos a contactarnos con los legisladores, que son quienes tienen que modificar la ley, y con quienes sean designados en el Instituto Nacional de Colonización”, por cuanto está vigente un plazo que caducará el 31 de mayo para que los afectados registren sus tierras ante el citado organismo.
Al nuevo Parlamento se le solicitará una prórroga hasta fin de año para la inscripción de los títulos, “porque si no el colono pierde todo”, y mientras tanto se reestudiará el tema en la perspectiva de que los legisladores modifiquen el artículo que asimila a los antiguos colonos a los que compraron sus tierras por la ley 11.029, que creó en 1948 el Instituto Nacional de Colonización.
El planteo de estos colonos apunta a que “nos saquen del régimen del instituto en el que nos introdujo la Ley 18.187”, aprobada en este gobierno, por cuanto se genera por esta vía una situación de incertidumbre y de modificación de las reglas de juego por las que fueron adquiridas estas tierras, que eran de libre disponibilidad y sin depender de la autorización del INC, como ocurre a partir de la nueva norma.
Este requisito “de registración de títulos” ya ha tenido como consecuencia que la incertidumbre haya hecho caer sustancialmente los valores de estas tierras, al estar sometidas a esta ley que es además considerada inconstitucional por los colonos, tras los estudios de los profesionales que los asesoran y gran parte del espectro político.
El profesional consultado manifestó que “hay gente que no puede vender, que no puede hacer nada con la tierra” debido al artículo de referencia, y destacó que estos predios no salen en venta, “y alguno que haya podido vender ha obtenido precios que no tienen nada que ver con el valor real de las tierras”, por cuanto quien compra también naturalmente se ve inmerso en una situación de incertidumbre.
“Con el cambio de legisladores y de ministros podría darse, como se espera, una reconsideración del tema que permita contemplar la situación que se ha generado”, indicó Buono.