OPINIONES

Locales | 24 Ene ¿Ciudadano de primera, segunda o tercera?
Mi abuela siempre afirma que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡Urge un oculista para el municipio sanducero! O -tal vez- algún otro profesional que haga que nuestros gobernantes vean lo que, desde hace algún tiempo, EL TELEGRAFO bien está reflejando y denunciando. El problema del tránsito es grave. Flagelo que ataca -y mucho- a nuestros jóvenes.
Todos conocemos el diagnóstico. Sin dudas que la solución está en la educación y la toma de conciencia colectiva de que el cumplimiento de las normas de tránsito es fundamental. Debemos comprender que manejar responsablemente salva vidas. En este punto es importante la tarea que viene realizando la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en materia de educación. También debemos reconocer las diversas campañas que hacen los medios de comunicación y varias organizaciones no gubernamentales (ONG).
En todas estas acciones la tarea que realizan los señores inspectores cumple un rol protagónico. Porque de nada sirve el esfuerzo aplicado si no existe una buena fiscalización, prevención y educación de estos funcionarios municipales. Ellos son “la primera línea de fuego”.
Lamentablemente, en Paysandú esto no sucede, por cuanto no asistimos a una aplicación razonable de las normas. Tampoco se realizan tareas preventivas, ni educativas.
Por el contrario, parecería existir una industria de generar y aplicar multas. Multas que, según se puede apreciar, no se aplican a todos los que infringen las normas de tránsito.
Pero, como soy joven --y por ende un poco ingenuo y con muchas cosas por entender-- empecé a razonar para intentar comprender esta situación.
Así, como toda industria, la de la generación y aplicación de multas también debe ser rentable. Por lo tanto, es normal que se busque lograr la mayor eficiencia posible o, en otras palabras, la mayor ganancia utilizando la menor cantidad de recursos. Ganar sin arriesgar.
En este contexto, y en la hipótesis planteada, lo lógico es aplicarle multas a gente que, ya se sabe de antemano, afrontarán sus obligaciones. Aquellas que permiten ganar sin perder (¿qué creen que se puede perder?). Es lógico, por el contrario, que no se sancione -o fiscalice- a los individuos que no van a pagar, sea por no contar con el dinero necesario o por tener poder (económico, político o, incluso, el que otorga las grandes masas).
Para comprender esto, les propongo ver dos realidades distintas.
Es bien conocido por todos lo que sucede en la plaza Artigas y “el cantero”. Eso es zona “liberada”. Motos a alta velocidad, sin patente ni luces reglamentarias. Motociclistas sin cascos protectores que, en algunos casos, conducen bebiendo alcohol. Motos con tres y cuatro ocupantes. Automovilistas que circulan velozmente, sin luces encendidas ni cinturones de seguridad colocados.
Al mismo tiempo, en Bulevar Artigas y Bolívar, una señora que transita en su motocicleta es multada. Su situación es distinta a la mencionada anteriormente: patente y seguro al día, luces en correcto funcionamiento, espejos retrovisores y llevaba una velocidad de 20 kilómetros horarios. Su error: viajar con su marido y su pequeño hijo de cinco años. Todos iban con casco protector, pero eso no es excusa.
Viendo estas realidades y habiendo realizado el razonamiento correspondiente (que puede ser erróneo), me di cuenta que sólo unos pocos ciudadanos sin privilegios son sancionados y -por ende- deben pagar sus multas. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que trabajan y pagan sus impuestos. Aquellos que no hacen uso del poder (por no tenerlo o no querer utilizarlo). La señora está bien multada. Pero, ¿por qué ella sí y los otros no?
Me cuesta creer -y quiero no creerlo- que la Intendencia Municipal de Paysandú no tenga suficiente autoridad como para hacerse respetar y hacer cumplir todas las normas de tránsito, a todo el pueblo por igual, sin distinción. ¿No somos todos iguales ante la ley?
Por un lado, se gastan importante sumas de dinero -y tiempo- en campañas. Por el otro, se dan señales erróneas, malos ejemplos y se liberan zonas para que todos “hagan lo que quieran”. Así, los resultados del esfuerzo de la Unasev, ONG y medios de comunicación son efímeros.
Hasta que esta situación no cambie en el tránsito, y en lo que a cumplimiento y sanción se refiere, tal vez --y sólo tal vez-- en Paysandú tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Aunque viendo la calidad del tránsito, las muertes y el daño generado a toda la sociedad, somos todos ciudadanos de tercera.
Dicen que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Será que como no soy ni diablo ni viejo, no entiendo qué es lo que pasa.
Señores gobernantes, ¿me lo podrían explicar?
Andrés

SOLICITADA
Objeto de robos, carneadas de ganado, cerdos y ovejas en la parte rural de la 3ª sección policial
Hoy fui a visitar los inquilinos de mi granja en la Calle 29 y H. me contó la señora que toda la temporada de Navidad y Año Nuevo, la zona antes tranquila, se transformó en un dominio de ladrones y carneadores.
No se escapa ningún vecino que no ha sufrido de la plaga del robo y carneada y demás. A ella le mataron un caballo a balazos, al lado del alambrado. Al vecino y criador de cerdos le llevaron 10 lechones, a otra le mataron 4 vacunos, se llevaron los cuartos delanteros y traseros.
A otra que se ausentó por un par de días de su casa le llevaron los muebles y enseres, y así todo por el estilo.
Aparentemente es una banda que tiene medios de transporte y de venta y observadores en la zona. Los vecinos se reunían ahora para insistir a la policía de la 3ª sección que busquen los responsables hasta ahora sin consecuencias.
Aquí desde la ciudad no parece ser tan grave esta plaga como aparece en EL TELEGRAFO y otros medios. Será que la gente de la zona suburbana no tiene tanto contacto con los medios de comunicación.
Es la razón de mi artículo, de llamar a los servicios policiales que se ocupan de esta invasión de ladrones que están ahora aterrorizando la zona rural de la 3ª sección.
Me parece de gran importancia que el Comisario recorra la zona y se unan con los vecinos.
Es su rol y no son los que tienen que correr atrás de él. No conozco al Sr. Comisario, pero se cuenta que después de tantos robos, carneadas y otros, sin descubrir rastros, la gente empieza a dudar y que no hubiere ahí involucrados.
Espero que esta llamada pública que hago para ayudar a los uruguayos habitantes de zonas suburbanas por medio del diario EL TELEGRAFO, tenga consecuencia de que las autoridades responsables para el orden y la seguridad reaccionen y que se puede quebrar esta situación.
Ludovico Vanderdorpel,
CI 2.901.359-9.

LA VOZ DEL PÚBLICO
¡Y después hablan de los derechos del niño!
En mi barrio hay un salón comunal, no lo puedo pagar, y decidí festejar el cumpleaños de mi niño de tan sólo cinco años en el fondo de mi casa. Por tal motivo recibo una carta de la Comisión, en la que me prohíben terminantemente que se vuelva a repetir, de lo contrario tomarían represalias contra nosotros (siendo que hay cosas más importantes que deberían preocuparles). ¡No entiendo qué le molestan los niños jugando y divirtiéndose!
Además las textuales palabras del señor presidente de la Comisión del barrio INVE de avenida Italia y Enrique Chaplin, fueron que “si no tengo para pagar dicho salón, no le festeje el cumpleaños”. Ese señor, ¿no habrá tenido niñez? Esa es mi pregunta.
Bettina

SOLICITADA
Amigos lectores de este prestigioso diario por el cual he decidido plantear un tema tan controvertido como delicado que es la falta de consideración para nuestro prójimo. Tengo una enfermedad denominada esclerosis múltiple, la cual me ha dejado totalmente sordo y con problemas para movilizarme teniendo que usar bastones. Esta aclaración es válida para que entiendan mi situación. Por motivos que no vienen al caso mencionar he tenido que recurrir a la administración de Antel y plantear una serie de problemas que tendría que solucionar.
Comencé a dirigirme a los servicios de Atención al Cliente, los cuáles no supieron arreglar mi momentáneo inconveniente. Pedí para hablar con una persona de mayor jerarquía que lo pudiera solucionar y así lo hicieron.
Dicha persona me aconsejó que pasara por escrito mi petición a la dirección del mencionado ente público a nombre del Sr. Julio Mileo y le planteara el tema.
Viví otro día con la carta especificando detalles y con documentación que certifican mi enfermedad, sacada de mis expedientes médicos y la dejé en la dirección esperando respuestas, las que nunca llegaron. Con todo mi problema de movilidad me dirigí nuevamente al ente del Estado a hablar con dicho señor que nunca me atendió y me derivó a otra persona, la cual tampoco dio solución al tema pero propuso enviarme un mensaje de texto para hacerme saber los resultados, mensaje que nunca llegó. Nuevamente fui a las oficinas, pregunté a una persona por el Sr. Julio Mileo y de malas ganas me indicó donde lo encontraría. Esa fue la cuarta vez que yo concurría a dicho ente del Estado. El Sr. Mileo, gerente de Antel, en ese momento estaba trabajando de cajero, cobrando facturas y no pudo atenderme por lo cual me sugirió que vuelva otro día, que vería si podía atenderme y sin tener mi problema resuelto me retiré del local.
Con todo esto creo que todos tenemos derecho a una atención, más si es de servicios del Estado, los cuales pagamos y mantenemos con nuestros aportes. Soy una persona con discapacidad, la cual me he sentido discriminada por el Sr. gerente de Antel. Sin más que decirle, me despido y desde ya gracias por leer este artículo.
Julio César Javiel Martínez, CI 3.454.841-6.

SOLICITADA
Sr. Director
Me dirijo a usted con el propósito de que esta nota sea publicada en el medio de prensa bajo su dirección, como respuesta verdadera a un artículo adjudicado a un corresponsal de su medio el Sr. Nadir Rostón (cuyo nombre no figura en ninguna de las dos notas, como responsable de la misma, solo se da a conocer como corresponsal en Guichón).
Esta nota publicada el día 14 de enero bajo el titulo: “Estudiantes del Este quedan sin transporte” en la cual se desprende que fui consultado, está compuesta de graves afirmaciones que dañan mi imagen de empresario, desvalorizan mi empresa y por sobre todo dañan nuestra excelente relación con nuestro contratista en los últimos tres años, el Gobierno Departamental de Paysandú.
Más allá de las falsedades publicadas a las
que no queremos adjudicarle intención, porque no tenemos elementos de juicio para valorarlas, lo que nos interesa informar a la opinión pública es que esa nota jamás existió, es decir, el punto que nos preocupa es que la entrevista o consulta no existió, por lo que evidencia, que el autor del artículo hizo una nota invocándonos y eso es falso. La aclaración publicada por la misma fuente, en el mismo medio el día 15 de enero bajo el título: “Tranquilidad para estudiantes”, sólo agrega mayor confusión, porque habla de errores de información y malos entendidos, y acá estamos hablando que jamás se manejó información, acá sólo hubo imaginación del autor de la nota e involucramiento de nuestra persona y empresa en una lamentable situación irreal.
Con el único propósito que los lectores, sobre todo vecinos de la zona de Guichón y los padres de los alumnos de la zona Sur-Este de nuestro departamento tengan claro, que todo este planteo absurdo de un problema que jamás existió, se debe a una manera burda de hacer periodismo y nunca a mi situación u opinión personal, ya que es absolutamente contraria a lo manifestado en los artículos. Esperando sepa disculparnos y agradeciendo que nuestro pedido sea contemplado, como una forma de dejar sentado nuestra posición, luego de vernos envueltos en una situación incómoda que queremos aclarar públicamente.
Saludamos a usted atentamente
Ricardo Asensio