Locales | 18 Ene Mientras se aguarda reiniciar las gestiones ante el Parlamento que asume el 15 de febrero, se espera tener también en los próximos meses el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por grupos de colonos contra el artículo de la ley 18.187 que afecta la libre disponibilidad de sus tierras.
El integrante de la mesa de colonos que lleva adelante los contactos en procura de la derogación de esta norma, Esc. Salvador Buono, dijo a El TELEGRAFO que la documentación correspondiente está en poder de la Suprema Corte de Justicia y que los papeles, como es norma, pasan de un ministro a otro para su análisis y pronunciamiento dentro de determinado plazo.
Precisó Buono que “los expedientes siguen su trámite dentro del organismo, pero naturalmente, durante enero estamos en la feria judicial y recién en febrero se retoma la actividad tras el receso”.
La expectativa de los colonos es de que “por lo menos salga cuanto antes la primera sentencia”, desde que posteriormente las siguientes se ajustarán a los mismos criterios. Uno de los expedientes está más adelantado que el resto, al ser el primero que ingresó, correspondiente a un planteo colectivo de colonos de la zona de Cerro Largo.
Posteriormente se presentaron recursos por otros grupos de colonos, incluido uno de Paysandú, además de los que por su lado interpusieron productores afectados en los departamentos de San José y Soriano.
Asimismo se supo que había vencido el plazo para la contestación que debía formular el INC sin que éste respondiera, en tanto corre el que se ha fijado para que el Parlamento envíe todos los antecedentes de las leyes, que se pidieron como prueba para demostrar que cuando se aprobó la Ley de Colonización no había ninguna previsión de incluir esos terrenos dentro de la normativa regida por el instituto.