Opinion | 25 Ene El encuentro de las últimas horas entre el presidente electo José Mujica y el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri es por lo menos un buen punto de partida para explorar vías de entendimiento respecto a una situación conflictiva cuyas consecuencias negativas son mucho más graves que el corte de un puente internacional entre países vecinos, desde que refiere a la tradicional hermandad entre las dos orillas y a la vez coarta el avance en torno a iniciativas de desarrollo regional vitales a esta altura del nuevo siglo.
Mujica y Urribarri se encontraron en el balneario Iporá, de Tacuarembó, en una reunión que evidentemente no solo despierta moderadas expectativas sino que permite también en algunos ámbitos alentar esperanzas de que prime finalmente el sentido común ante manifestaciones de fundamentalismos e intolerancia que ha puesto de gala el puñado de activistas que aún mantiene el corte de los accesos al puente General San Martín.
El contexto de la reunión, a la vez, se da tras un período en el que los piqueteros contaban con el respaldo más o menos explícito del gobierno nacional y el entrerriano, y la presión de buena parte de la comunidad de Gualeguaychú que, en el acierto o en el error, creía que de esta forma se estaba luchando contra la hipotética contaminación del río Uruguay por la planta de celulosa de Botnia.
Pero a medida que ha pasado el tiempo, y luego de tres años en que por supuesto no se ha probado ni por asomo que la fábrica contamine el río Uruguay, cuando está en etapa de dilucidación el juicio en la Corte Internacional de La Haya, el piquete a esta altura está absolutamente agotado, sin respaldo ciudadano y con los gobernantes de la vecina orilla ya convencidos de que este camino ha resultado contraproducente y que no lleva a nada bueno.
Igualmente, en este escenario estamos ante manifestaciones encontradas, desde que por un lado hay una ofensiva de los sectores más radicales de la autodenominada asamblea ambientalista por mantener vigente el bloqueo al puente y la presión creciente de sectores de la sociedad de Gualeguaychú y entrerriana para que se levante este piquete. Esto a la vez se traduce en cada vez más frecuentes enfrentamientos entre viajeros que procuran cruzar por el tendido y los piqueteros que se resisten a ceder posiciones y a reconocer la realidad de que la medida ya está agotada y que lo único que les queda es evaluar la retirada más honorable para una causa perdida.
Urribarri, antes de reunirse con Mujica, había manifestado en su país que la medida de fuerza está impidiendo avances en grandes temas de interés para ambas orillas, como es la navegabilidad del río Uruguay y otras áreas vitales en la integración regional, por lo que es preciso explorar acciones para destrabar el conflicto. “La Argentina definió una estrategia a pedido de la comunidad de Gualeguaychú, que fue acudir a la máxima instancia de justicia en el planeta (la Corte Internacional de La Haya)”, y señaló que “mientras esto se resuelve, hay que dar señales de integración y de madurez”.
Que es precisamente lo que en ningún momento han aportado los activistas, los que siguen encerrados en sus fundamentalismos y rechazan toda visión que no coincida con su postura mesiánica y delirante. José Pouler, uno de los voceros de la asamblea alertó que “lamentablemente se perdió el eje del conflicto y todo pasó a parecer que el problema es el corte de ruta, cuando en realidad es Botnia. Si Botnia continúa, esta cuenca del río Uruguay va a ser contaminada y por lógica, como esta cuenca desagota en el Río de la Plata, millones de personas van a ser afectadas, no sé si en cinco, diez, quince o veinte años”, en una visión catastrófica e irracional de los hechos que encaja en el intento de justificar la irracionalidad piquetera.
Más aún, el vocero subrayó que la posibilidad de levantar el bloqueo “no debería ser analizada” en la reunión Mujica-Urribarri, porque el gobierno de Entre Ríos “no tiene injerencia” para plantear una salida de estas características.
Este razonamiento pinta de cuerpo entero la enajenación de los piqueteros, que se consideran por encima de todo ordenamiento legal y de los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía y que se arrogan el privilegio de no responder más que ante sí mismos, porque todo vale cuando se hace en defensa de la causa, aún vulnerando los derechos de los demás.
Y ante esta radicalización seguirán estrellándose una y otra vez las apelaciones a la “madurez” y al sentido común, porque es inútil razonar con quienes se sienten intérpretes exclusivos de la verdad revelada.