Opinion | 30 Ene El reciente encuentro entre el futuro ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, y representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay permitió hacer un repaso primario de una agenda de temas a dilucidarse en el marco de la gestión del nuevo gobierno, en una problemática que es al fin de cuentas vital para un país que necesita imperiosamente incorporar valor agregado a sus materias primas, que requiere tecnificación, nuevas tecnologías y modernización para acompasarse a los tiempos que corren y sobre todo poder competir con países que dictan las reglas en los mercados internacionales.
La experiencia del ministro nominado refiere a su actuación como jerarca de la Intendencia Municipal de Montevideo, pero ha estado estrechamente vinculado a sectores del gobierno nacional y tiene conocimiento de la problemática desde una visión política en sintonía con el partido de gobierno, lo que implica tener una perspectiva desde un lado del mostrador que deberá conciliar con la postura de los actores directos desde el punto de vista empresarial.
Como en toda actividad del quehacer nacional, hay intereses encontrados que determinan la necesidad de hilar muy fino en estas acciones, y compatibilizar el interés general con el sectorial, a la vez de evaluar en qué grado una medida que puede resultar positiva para uno de los términos de la ecuación, puede ir en desmedro de los otros y romper el equilibrio que teóricamente debería presidir las decisiones.
Ya por lo pronto el presidente de la Cámara de Industrias, Ing. Diego Balestra, advirtió a Kreimerman sobre las dificultades que pueden presentarse al sector en el corto y mediano plazo si no se revierten las condiciones de competitividad.
El empresario señaló al diario El País que “estamos observando que tenemos una rentabilidad prácticamente nula, y si eso no se revierte, puede ser una situación compleja para algunos sectores puntuales dentro del esquema industrial”.
Para la cámara, las respuestas inmediatas que puedan darse por el gobierno son que los sectores de bienes transables y no transables tengan un tratamiento tributario diferente, como ya lo tenían en el pasado. Balestra argumentó que “le hicimos notar a Kreimerman por qué un sector que es transable (industria), y que tiene una pérdida relativa de competitividad sigue pagando lo mismo que un sector que no es transable (comercio) y que hoy está altamente favorecido por el tipo de cambio”.
Pese a que en el gobierno se relativiza la situación, es indudable que la producción industrial de nuestro país, además de ser afectada en los negocios para la exportación, sufre problemas de competitividad por efectos de una serie de factores que pueden resumirse en un aumento de costos y menores ingresos relativos, lo que implica una seria erosión de las utilidades.
No se necesita ser un experto en economía para percibir cuales son los elementos negativos para este sector empresarial, por cuanto pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas insiste en que el dólar ha caído en su valor en todo el mundo, la realidad indica que Uruguay sigue perdiendo competitividad relativa porque la divisa norteamericana ha caído mucho más en nuestro país que en sus socios comerciales, e incluso este proceso se está revirtiendo también con el Brasil, en lo que constituye una llamada de alerta adicional.
Pero la cosa no pasaría a mayores si a la vez que perjudica la relación cambiaria, el esquema de costos de producción, incluyendo el salarial, tuviera un efecto compensatorio a esta tendencia. Por el contrario, este término de la ecuación también aumenta en valores reales y relativos, y tenemos así que en el caso de la energía se está ante los valores más altos de la región y los salarios se han reajustado al alza, medidos en dólares.
No puede extrañar, por lo tanto, que cifras recientemente divulgadas por el Banco Central indican que la competitividad local disminuyó 10,2 por ciento el año pasado –medida en términos punta a punta-- lo que significó la tercera caída anual consecutiva respecto a los socios comerciales.
Los datos surgen del informe del Índice de Tipo de Cambio real (TCR) de la institución rectora en materia monetaria, que da la pauta de que la inflación en dólares en Uruguay el año pasado fue del 31 por ciento, por una inflación doméstica del 5,9 por ciento y una baja del dólar del 19,5, en tanto en los países socios esta inflación conjunta fue del 17,4 por ciento, sobre todo en los países extrarregión.
Y si bien todavía no se ha ingresado en un desnivel de carácter irreversible, que no puede tener correcciones sin medidas traumáticas, salta a la vista la necesidad de responder con medidas puntuales a este escenario que se va degradando, de forma de prepararse para no tener sorpresas desagradables en un sector que es gran proveedor de empleo calificado, o por lo menos debería serlo, si no se le abandona a su suerte.