Opinion | 31 Ene Los inspectores de la Dirección General Impositiva salieron con marcada disposición a hacer cumplir las normas en materia de tributación por alquileres, centrando en esta oportunidad sus mayores esfuerzos por recaudar en los balnearios del este del país, donde se concentra el gran movimiento inmobiliario durante la temporada y por lo tanto hay en juego fuertes sumas de dinero.
En esta ocasión el director nacional de Rentas, Cr. Nelson Hernández, anunció que este organismo sancionará a aquellos turistas que no paguen el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al arrendar inmuebles en la zona balnearia, y a la vez subrayó que los inspectores se presentarán en las viviendas arrendadas, solicitarán datos y de constatar un daño responsabilizarán tanto al propietario como al inquilino.
De acuerdo a lo manifestado por el jerarca, “podemos llegar a determinar una responsabilidad de ese ocupante respecto a los impuestos, por el propietario de la finca. En la medida en que podría llegar a tipificarse un ocultamiento producido por la no declaración de impuestos, en ese caso quien colabora para la concreción de ese engaño tendría sí responsabilidad no solo patrimonial, no solo por el pago a los impuestos que recaen sobre el titular del inmueble, sino que podría tener alguna trascendencia de carácter penal”.
El afán recaudatorio de la DGI se traduce en trasladar responsabilidades a terceros respecto a situaciones que les son ajenas, por lo que se involucra a operadores que nada tienen que ver con el cobro del impuesto en este caso, y se asemeja a sancionar a quien cena en un restaurante y no tiene la precaución de exigir la factura, como ocurre tan a menudo.
Mientras tanto, una consecuencia de las fiscalizaciones ha sido la caída de los arrendamientos a través de las inmobiliarias, desde que al ser objeto de retención del IRPF de los alquileres son eludidas por los propietarios y los inquilinos, debido al pago de tributos.
Este celo de la DGI tiene poco que ver con la escasa disposición a controlar, en cambio, a quienes no están legalmente instalados en numerosas zonas del país, que no pagan tributos de ningún tipo ni aportes sociales y que, a través de una flagrante evasión, compiten deslealmente con quienes con gran esfuerzo procuran estar al día con sus obligaciones legales.