Opinion | 28 Ene Mientras se realizó un largo proceso, con convocatorias a asambleas populares incluidas, para dar participación a la “población” en cuanto a aportes para elaborar una Ley de Educación, nos encontramos con que la normativa impulsada por los gremios de docentes y funcionarios --que fueron los únicos que se presentaron y por lo tanto dominaron las asambleas-- únicamente se volcó a dotar de mayor poder a los gremios en la conducción de la enseñanza, dejando intactos los graves problemas que afectan a nuestra educación.
Y entre los muchos problemas del sistema educativo, además de la alta deserción en Secundaria, la repetición en Primaria y defectos graves de formación, una falsa gratuidad en la universidad estatal, que margina a los estudiantes de menores ingresos y/o del Interior, figura además un rumbo desacompasado a los desafíos que enfrenta el Uruguay para su inserción en el mundo moderno en cuanto a capacitación de su fuerza laboral.
Tenemos así que mientras en países desarrollados como Alemania y Suecia, la proporción de jóvenes que cursan estudios técnicos supera a quienes asisten al liceo, en Uruguay ocurre lo contrario, si tenemos en cuenta que por cuatro alumnos que se inscriben en Secundaria, solamente uno se inclina por este tipo de formación.
Este no es un tema menor, porque revela por un lado que sigue vigente el síndrome de “m’hijo el dotor”, es decir una preparación más o menos abstracta para seguir una carrera que nunca se sabe bien como terminará, a través de un título profesional universitario muy difícil de lograr si se es del Interior y del quintín de ingresos medio bajos a bajos, en desmedro de una capacitación dirigida a la formación para ocupar puestos de trabajo en un mercado laboral que no es el mismo que el de hace cincuenta años.
Ante este esquema, es plausible la intención anunciada por el presidente electo José Mujica respecto a la necesidad de aumentar la proyección de la formación técnica, al entender que por idiosincrasia en el Uruguay se ha dejado en un segundo plano la preparación de técnicos capacitados.
Una demostración palpable de esta realidad surge de los datos del Anuario Estadístico de la Educación 2008, que indica que en Uruguay Secundaria registró 264.333 alumnos, es decir el 80,2 por ciento del total de matrícula de la educación media estatal, en tanto que la escuela técnica UTU solamente captó 65.460, equivalente al 19,8 por ciento.
A la vez, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en países europeos más del 55 por ciento de los estudiantes de enseñanza media superior están inscriptos en programas “mayormente destinados a formar para el mundo del trabajo, a la vez que permiten entrar en el sistema terciario”.
Precisamente destaca el informe que en los países que integran la organización se registró un “continuo crecimiento de la participación en la enseñanza media superior”, que alcanzó a cubrir en varios países el 90 por ciento de la población, lo que obligó a las autoridades a atender una diversidad de estudiantes mayor en ese nivel.
Este escenario tan diferente al de Uruguay, pese a que en los últimos años ha aumentado la matrícula en la UTU y también se le ha dotado de mayores recursos, indica la magnitud de la brecha conceptual y agrega un elemento más para encarar una real reforma educativa en nuestro país, en las antípodas de la Ley de Educación, que solo refiere a la distribución de poder en los organismos rectores de la enseñanza y no va al fondo de las necesidades de formación y capacitación para propiciar y sostener el desarrollo.
Da la pauta además de que se están dilapidando cuantiosos recursos en cursos secundarios y en financiar una Universidad estatal gratuita, de matrícula abierta, para formar profesionales en disciplinas que no se necesitan y para las que hay un mercado de trabajo muy estrecho, mientras sigue en déficit la formación técnica, en la que debería ponerse el énfasis y trabajar en forma coordinada con sectores empresariales que necesitan contar con técnicos y fuerza laboral especializada.
Esta debería ser la discusión central en nuestra enseñanza y eje de la preocupación de los actores de nuestro sistema educativo, aunque todo indica que los parámetros de discusión por ahora discurren por otros carriles, mucho más afines a los intereses de los jerarcas, docentes y funcionarios, que de la educación y formación de nuestros jóvenes.