Dr. Diego Galante, del estudio Galante y Martins

Locales | 01 Feb MONTEVIDEO (Por Teddy Alvarez). El Dr. Diego Galante pertenece al estudio Galante & Martins -una reconocida firma de abogados que con casi 60 años de experiencia-, que es un referente en el área de los servicios profesionales.
El citado abogado consideró que las disposiciones constitucionales impiden al gobierno nacional buscar solución a la llamada guerra de las patentes que no sea a través de una reforma de la Carta magna.
En diálogo con EL TELEGRAFO, Galante explicó que el artículo 297 de la Constitución “establece claramente que cada gobierno departamental es el titular de todas las rentas, las fuentes, los ingresos, que se produzcan por concepto -entre otros- de las patentes de rodados”.
Por lo tanto, “como es una norma de rango constitucional”, el gobierno departamental maneja “no solamente el ingreso, el dinero, sino también todos los aspectos que hacen a la definición de lo que es una patente”, entre ellos “el domicilio del contribuyente, las condiciones de pago, aforos y demás”.
“En consecuencia, si el gobierno nacional con un fin que puede ser loable, quiere establecer una patente única nacional, hoy día con las actuales disposiciones constitucionales no lo puede hacer, porque las violaría y por ende sería una decisión inconstitucional”, sentenció.
Consultado si la ley que establece el cobro del tributo por domicilio del contribuyente estaría viciada de inconstitucionalidad, respondió que dicha norma “tiene muchas cuestiones inconstitucionales”, porque “para empezar, quiere solucionar un problema -la guerra de las patentes- que no es de ahora” sino que “tiene muchísimos años” y si “el tema hubiera sido dictar una ley, hace mucho que se pudo haber hecho”.
“El problema es que si por ley, como hace esta norma, se quiere definir el concepto de domicilio y qué contribuyentes entran o no en cada departamento, se viola la autonomía de ese departamento, porque quien dice quién es su contribuyente -de acuerdo con la Constitución- es cada gobierno departamental”, puntualizó.
En definitiva “no puede una ley, -reitero, con un fin loable de terminar con un problema-, desconocer que cada gobierno departamental libremente puede establecer quiénes son sus contribuyentes y los requisitos para regular la patente de rodados”, de lo que se concluye que “el tema no tiene solución si no es por la vía de una reforma constitucional”.
EL COBRO A TRAVÉS
DEL COMBUSTIBLE
Por extensión, la alternativa de disponer el pago de la patente junto con el consumo del combustible tampoco resulta viable y en tal sentido, Galante indicó que la única forma de establecer esa alternativa, “sería por una disposición constitucional que obligue a todos los gobiernos departamentales a respetarla”.
“Podría haber un acuerdo entre todas las intendencias para cobrar la patente a través del combustible, pero es exactamente lo mismo que lo que pasa con la ley que comentamos anteriormente, que se decía que era fruto de un acuerdo”.
“Como no está en la Constitución, cada gobierno departamental puede tener el derecho a desvincularse de ese acuerdo, así que la única forma de solucionar esto es a través de una reforma constitucional”, reafirmó.