Paysandú, Viernes 05 de Febrero de 2010
Opinion | 30 Ene Aunque casi de-sapercibido en la laxitud propia del mes de enero, ha tenido lugar en estos días un cambio de rumbo dentro de la fuerza de gobierno, --donde evidentemente hay pulseadas internas entre representantes del grupo que deja el poder y los que accederán a la conducción del país a partir del 1º de marzo-- respecto al tema referido a las alcaldías incluidas en la Ley de Descentralización.
El punto es que la norma promovida por el presidente Tabaré Vázquez instituye la elección de alcaldes rentados y concejales honorarios en hasta 120 localidades del Interior, y todo indica que el mandatario quiere dejar este legado como una especie de norma insignia representativa de su idea de descentralización.
Pero claro, como suele ocurrir en nuestro país, una cosa es la idea y otra muy distinta es el llevarla a la práctica, sobre todo cuando se tiene la mala costumbre de improvisar a la hora de legislar, para aprobar así de apuro una ley y ver después que pasa.
Estamos en este caso en un claro ejemplo de improvisación, porque se aprobó una ley que no contempla a la vez los mecanismos electorales para instrumentar la idea, y confunde sobre todo descentralizar con burocratizar.
La ley establecía inicialmente que los alcaldes debían ser electos en mayo, junto con los intendentes, pero a partir de este punto comenzaron las divergencias, porque la Corte Electoral, naturalmente, sostiene que no le da el tiempo para organizar un centenar de elecciones, además de las 19 de intendentes.
Los grupos de Mujica y Astori promueven que se difiera todo este proceso hasta 2015, porque a la vez no han sido contempladas partidas presupuestales para las alcaldías y los recursos deberían salir de las intendencias, pero el presidente Vázquez se opuso y todo quedó en manos de la Mesa Política del Frente Amplio, que propuso que solo se vote en mayo dos alcaldías por departamento.
Lamentablemente un tema serio, como es la descentralización, merecía un tratamiento más digno, en lugar de una ley aprobada a tientas, que no va al fondo del asunto y que crea más problemas que los que en teoría pretende solucionar.
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