Opinion | 02 Feb Las cuentas del sector público han cerrado 2009 con un déficit fiscal del orden del 2,1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), el que se sitúa como el mayor en los últimos seis años como consecuencia de un mayor desfasaje entre ingresos y egresos debido a un mayor gasto del Estado.
Esta cifra responde al escenario adverso que se dio sobre todo en la primera mitad del año pasado para nuestro país, como consecuencia de la crisis financiera internacional y que pudo superarse a medida que fue avanzando el segundo semestre.
Según el informe oficial, la fuerte suba tuvo fundamentalmente su origen en los mayores costos de generación térmica e importación de energía y un incremento en los egresos por transferencias y remuneraciones. Así, el resultado global de todo el sector público consolidado resultó deficitario en 15.106 millones de pesos, lo que constituyó el peor desempeño desde 2003, es decir cuando todavía estaba en pleno proceso la crisis que azotó a nuestro país desde 2002, que fue calificada como la peor en cincuenta años.
Los números en rojo de 2008 habían sido del 1,4 por ciento del PBI, lo que indica que el desempeño de las finanzas públicas no ha sido satisfactorio en el período y no solo por los costos energéticos, sino que a la vez se han agregado compromisos de gastos fijos a una estructura del Estado ya de por sí reacia a amoldarse a las necesidades del país, como está comprobado.
Desglosando precisamente este gasto, nos encontramos con que a comienzos de 2009, cuando la crisis surgida en Estados Unidos mantenía en vilo el escenario económico mundial, el Poder Ejecutivo pidió a los jerarcas ministeriales y de otras áreas que procuraran ahorros en determinados gastos, ante la posibilidad de que las repercusiones de la crisis internacional llegaran hasta las finanzas públicas ya afectadas por efectos de la sequía y el alto precio del petróleo.
Pero, según datos de la Contaduría General de la Nación, de los que da cuenta el semanario Búsqueda, fueron muy pocas las dependencias estatales que redujeron sus gastos respecto a los de 2008, tanto en términos reales como en la medición quitando los efectos de la inflación.
En aquel entonces, la reducción del gasto resuelto en Consejo de Ministros era del equivalente al cinco por ciento del presupuesto ejecutado en 2008 en gastos de funcionamiento, excluidos retribuciones e inversiones, en cada dependencia. Pero posteriormente se acordó que los ahorros que efectivamente se debían lograr, fueran discutidos en negociaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y cada secretaría de Estado o empresa pública, teniendo en cuenta los programas en curso y el carácter prioritario o superfluo de cada partida de gasto.
El punto es que por regla general los ministerios y otras dependencias aumentaron el gasto de funcionamiento en 2009, que tuvo la característica de ser un año electoral y por lo tanto de acuerdo a la tradición, un período en el que se dispara el gasto.
Esta vez no fue la excepción, pese a la crisis que se cernía sobre el país y de resultados imprevisibles, por lo que evidentemente la “contención” anunciada en Consejo de Ministros y luego diluida en negociación interna, fue “pour la galerie” y más una forma de transmitir determinada imagen ante la opinión pública, que un intento serio por hacer algo valedero, ante el escenario internacional adverso.
Lo cierto es que las dependencias públicas siguieron gastando más, y no hubo recortes en recursos para funcionamiento o inversiones no prioritarias, y por lo tanto no puede extrañar que hayamos llegado al final de 2009 con un déficit del 2,1 por ciento del PBI, aunque esta no haya sido la única causa del desfasaje.
Es que el Estado tiene sus propios “blindajes” contra las decisiones políticas, porque las responsabilidades se pierden en un mar de burocracia, y mucho peor aún resulta cuando a la vez interviene el componente político, como es, nada menos, el de un año electoral.
El punto es que a estos excesos los financiamos todos con cada peso que sale de nuestros bolsillos, y como en toda familia, mientras se siga gastando más de lo que ingresa, sin buscarle la vuelta para recortar el exceso, se entra en un terreno en que la distorsión se consolida y resulta cada vez más difícil parar la bola de nieve si no se apela a medidas traumáticas, que siempre las terminan pagando los sectores más desposeídos.
Por lo tanto el nuevo gobierno deberá buscar alternativas a este panorama poco alentador, pese a que se mantiene la actividad económica, en el plazo inmediato y por lo tanto sin margen para aguardar a que pueda fructificar la anunciada reforma del Estado, que no va a ser tarea de un día y que deberá buscar respuestas estructurales con medidas de fondo ante problemas ya instalados desde hace mucho tiempo, incluyendo los vicios políticos que comparten todos los partidos.