Opinion | 08 Feb Aunque sin dar muchas explicaciones, el presidente electo José Mujica ha anunciado que su gobierno estará signado por una marcada austeridad –suponemos que se refiere a que cuidará el gasto público— y como un signo de su impronta, dijo que los ministros y jerarcas de gobierno usarán autos de baja cilindrada y de frontera, a efectos de un menor costo de mantenimiento. Esta medida no es novedosa en Uruguay, que en cierto momento llegó a poner a la venta miles de automóviles del gobierno para “reducir el gasto innecesario”. Pero como era de esperarse, el efecto en la economía nacional ni se sintió, puesto que el consumo de 3 o 4 mil vehículos del Estado es apenas un grano de arena en el desierto del Sahara comparado con el resto de los factores que hacen al costo país. Por lo tanto, solo sirvió y volverá a ser útil para contentar a una masa de votantes que lo único que le preocupa es el automóvil en que se traslada el jerarca o el uso que le dé, sin cuestionar la ineficiencia del órgano que dirige o siquiera si tiene razón de existir.
Por supuesto, el gran gasto público pasa por otros parámetros, desde que por ejemplo la gran burocracia que parasita al Estado y sobre todo a todos los uruguayos que lo mantenemos poniendo dinero de nuestros bolsillos es mucho más costosa que los presuntos ahorros que promueve el presidente electo, por lo menos en los anuncios.
Ocurre que pese a que no lo ha mencionado específicamente, el nuevo gobierno, como tanto se gustaba decir, también tiene su “herencia maldita” y en este caso uno de los aspectos notorios es que la administración saliente gastó todo lo que podía y aún más durante el año electoral, pese a la crisis internacional, y ello ha impulsado el fuerte déficit fiscal, de no menos del 2,1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) con que asumirá la administración Mujica.
Mientras tanto las señales de austeridad contrastan con el gran aumento del gasto público, que no se terminará el 1º de marzo de este año, cuando asuma Mujica, sino que implica severos compromisos fijos que deberá afrontar la nueva administración. El gobierno saliente gozó de cinco años de prosperidad mundial que solo se quebró a partir de fines de 2008, pero con consecuencias que no tuvieron la magnitud que podía esperarse, aunque hubo un retroceso en la economía que puso de relieve que se había actuado desaprensivamente en el gasto y sin adoptar medidas contracíclicas.
Un déficit fiscal significativo, una estructura estatal pesada y burocratizada, con altísimo costo para los sectores reales de la economía y condiciones internacionales que no son las mismas que las que teníamos en 2004 --aunque se ha comenzado a salir de la crisis financiera--, dan la pauta de que debe hacerse un manejo muy prudente del gasto público y estudiar muy bien dónde se pone el dinero, por encima de las presiones que seguramente seguirán ejerciendo las corporaciones y otros grupos en defensa de sus intereses.
Pero principalmente debe preocupar, entre estos factores que operarán en contra, la situación difícil que presentan varios sectores exportadores, sobre todo los que incorporan valor agregado, que vienen sufriendo desde hace ya demasiado tiempo un sensible desgaste en su competitividad, fundamentalmente por la evolución del tipo de cambio.
Esta es una piedra con la que el país ya ha tropezado varias veces, pero es a la vez una tentación muy grande para los gobernantes a efectos de mantener bajo control la inflación y crear una sensación de mayor poder adquisitivo en los grupos de ingresos fijos por un crecimiento de los salarios medido en dólares, mientras por otro lado siguen aumentando los costos internos.
Peor aún, el mayor gasto público ha sido como tirar dinero a un barril sin fondo, porque no ha tenido la contrapartida de mejoras en la eficiencia y en la eficacia con que funciona el Estado, que es el mismo de siempre aunque se trague más y más recursos sin retorno, como ha ocurrido en la enseñanza.
Y por lo tanto no alcanza con transmitir cierta imagen, sino que lo que realmente importa son las acciones de fondo, las que hasta ahora han estado ausentes y que no podrán ser obviadas por el nuevo gobierno, si es que realmente se quiere revertir este escenario comprometido.